Una chabola de dos pisos llevó de nuevo a las páginas de la Vanguardia el problema de los asentamientos irregulares en el Poble Nou de Barcelona el pasado 6 de octubre. Ese mismo día, a raíz de esta imagen, en algunas tertulias radiofónicas se debatía sobre el retorno del “barraquisme” a la ciudad. Pero aunque estos asentamientos de chabolas hayan crecido en los últimos años, remitir a la audiencia al chabolismo del siglo XX genera una alarma social y percepción de invasión migrante susceptible de alimentar discursos higienistas.
La construcción de barracas empieza en Barcelona en los años 20 del siglo pasado para dar cobijo a las familias que llegaban a la ciudad en busca de oportunidades laborales en la industria. El fenómeno se convirtió en masivo entre los años 40 y los años 60 dando lugar a los poblados de Somorrostro, la Perona, el Camp de la Bota, Tres Pins, Miramar o Santa Engracia entre muchos otros eclaves que pasaron a formar parte del entramado urbano. El Somorrostro, el barrio de chabolas más emblemático, desapareció en 1966 con el derribo de las últimas viviendas precarias y el realojo de sus habitantes a bloques de pisos de La Pau y de Sant Roc, en Badalona. El desalojo y reubicación de las familias que vivían en el Carmelo, última zona chabolista de la ciudad que albergaba a más de 40.000 personas, se inició en el año 1977.
La lucha de los habitantes de las barracas fue clave para transformar Barcelona. Para hacer llegar los servicios públicos a barrios nacidos de la autoconstrucción informal y de la necesidad de miles de personas que vivían sin agua corriente, sin escuelas, sin líneas de autobús… Las organizaciones vecinales lucharon y negociaron condiciones de acceso a la vivienda de las familias de las barracas que fueron realojadas en barrios de nueva construcción en la ciudad de Barcelona o en otros municipios metropolitanos como Badalona, Sant Adrià del Besòs, Sant Boi o El Prat del Llobregat.
Igual que entonces, los asentamientos irregulares de 2018 son consecuencia de la combinación de falta de acceso a la vivienda y de los problemas en la acogida de personas migrantes. Pero el contexto es tan distinto que cualquier comparación peca de sensacionalismo. Hoy viven en construcciones irregulares en Barcelona menos de 600 personas. La mayor parte de ellas viven de la recuperación de chatarra y otros residuos que clasifican y almacenan en los solares cerca de sus viviendas. Se trata de personas sin nacionalidad española y, en muchos casos, pertenecientes a minorías perseguidas y estigmatizadas en toda Europa y, en especial, en sus países de origen.
Hoy, los problemas de acceso a la vivienda no se expresan en forma de poblados de chabolas, sino en precariedad habitacional escondida en los inmuebles ya construidos. Hay entre 12.000 y 15.000 personas viviendo situaciones de exclusión residencial severa: en condiciones de hacinamiento, en pisos sin suministros, en situaciones de ocupación ilegal, de insalubridad… en centros residenciales para personas sin hogar, o en la misma calle. El impacto que causa ver chabolas e infraviviendas en solares adyacentes a espacios de coworking y empresas tecnológicas, con rascacielos emblemáticos de fondo, podría ser el gancho mediático para plantear las preguntas de fondo sobre las ciudades del siglo XXI.
En el siglo XX, las infraviviendas en forma de chabolas se erradicaron por el crecimiento, a menudo descontrolado, de las ciudades. Un crecimiento que dio lugar a barrios de viviendas de escasa calidad que sufrieron también el estigma de marginales. En 2018, las ciudades como Barcelona se enfrentan a una paradoja de difícil solución: ofrecen oportunidades para obtener ingresos en la economía formal però también en la informal, mientras niegan la posibilidad de acceder a una vivienda a una parte cada vez más grande de la población.
La exclusión administrativa, social, y económica alimentará los asentamientos mientras haya solares disponibles y chatarra que recuperar. Y si no hay solares, las mismas personas ocuparán otros espacios en infrautilizados. Desde los servicios sociales, las entidades o los movimientos vecinales, se puede ofrecer apoyo para que algunos de los habitantes de los asentamientos encuentren alternativas de empleo y habitacionales, para garantizar la cobertura sanitaria, para orientarse en el laberinto de la obtención de permisos de trabajo y de residencia… Pero las “barracas de dos pisos” deberían provocar reflexiones sobre las políticas migratorias, la dejadez de décadas en políticas de vivienda para los sectores más vulnerables de la sociedad, y la dimensión supramunicipal de los problemas que se expresan en las calles de las grandes ciudades.
