El negocio global de la vivienda para “pobres”

A principios de septiembre, varios medios de comunicación se hicieron eco del proyecto de una empresa que pretendía comercializar habitáculos de 1,2 metros de alto y ancho por 2,2 de largo, a 250 euros al mes, para “dar la posibilidad de acceder a una vivienda a las personas con recursos económicos restringidos”. Se presenta así un negocio que aprovecha la ecasez de vivienda asequible como solución innovadora a los problemas de “los pobres”. ¿Quién desearía vivir en una habitación en la que la mayor parte de personas adultas no pueden ni ponerse de pie? ¿Quién estaría dispuesto a pagar 250 euros al mes por un agujero de colmena en el que dormir? Alguien que necesite permanecer en la ciudad para subsistir y que no pueda permitirse pagar los desorbitados precios de un piso convencional o de una habitación.

La ciudad atrae y atrapa. En los últimos años hemos visto como la mejora de los indicadores macroeconómicos ha generado una reactivación del sector inmobiliario que está excluyendo del acceso a la vivienda cada vez más gente en las ciudades europeas. En Berlín se registraron el año pasado 30.000 personas durmiendo en residencias temporales y de acogida, 10.000 más que en 2016. En el último recuento de personas sin hogar realizado en París en febrero del 2018, se anotaron 3.624 personas sin techo en una sola noche. Si añadimos a las alojadas en los albergues de la ciudad abiertos en invierno, la cifra asciende a más de 5.000 personas. En Bruselas, el número de personas durmiendo en la calle se duplicó entre 2014 y 2016, llegando a 707 personas. Desde el 2010, el número de personas que duermen en la calle en el Reino Unido ha crecido un 135%.

La actividad económica hace que en las grandes ciudades haya más posibilidades de ganarse la vida pero, al mismo tiempo, es en las metrópolis donde es más complicado acceder a una vivienda. Esta paradoja del proceso de modernización abre grandes oportunidades de inversión. En las últimas décadas, la adquisición de viviendas y de suelo urbano ha sido un imán para inversores grandes y pequeños en todas la grandes urbes del mundo. En su libro Planeta de Ciudades Miseria, Mike Davis aporta infinidad de datos sobre el negocio de la infravivienda en conurbaciones como Ankara, El Cairo, Accra, Dacca, Sao Paulo, Quito o Nairobi. Los expulsados del campo por las transformaciones de la producción agraria y por la acumulación de tierras en manos de grandes terratenientes emigran a las ciudades donde sólo pueden permitirse pagar el alquiler de infraviviendas o de pequeños terrenos para edificar sus chabolas.

Sobrevivir de las migajas de las ciudades globales requiere encontrar un lugar donde vivir. Los salarios de explotación o los ingresos inestables de actividades económicas marginales no permiten acceder a una vivienda propia ni en las ciudades miseria del Sur, ni en las ciudades marca globales del norte. En estas últimas, la oferta de alojamientos insalubres ha crecido en paralelo al incremento de personas sin techo y de la exclusión residencial en todas sus formas. En Barcelona o en Madrid, bajo el nombre de “estudio” se ofrecen agujeros en los que disponer de una mesa para comer es un auténtico lujo.

Proporcionar nichos para dormir, viviendas insalubres o habitaciones sobreocupadas a precios desorbitados, no es ninguna solución a la exclusión residencial. Por mucho que se vista de innovación social de diseño, cobrar 250 euros por un agujero hexagonal donde dormir es someter a los inquilinos a una doble explotación: la de unos empleadores que pagan salarios que no permiten escapar de la pobreza y la de unos propietarios que aprovechan la necesidad para aumentar la rentabilidad de cada metro cuadrado de ciudad.

 

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Finlandia: soluciones para los sin techo más allá del Housing First

(Artículo publicado el 23 de marzo de 2018 en Agenda Pública. Autoría: Albert Sales y Laura Guijarro)

El número de personas que se ven obligadas a dormir en la calle o en albergues no deja de aumentar, incluso en países que están experimentando un fuerte crecimiento económico, como Alemania. En Berlín se registraron el año pasado 30.000 personas durmiendo en residencias temporales y de acogida, 10.000 más que en 2016. En el último recuento de personas sin hogar realizado en París en febrero del 2018, se anotaron 3.624 personas sin techo en una sola noche. Si añadimos a las alojadas en los albergues de la ciudad abiertos en invierno, la cifra asciende a más de 5.000 personas.

Según el último informe (2017) de FEANTSA, la federación europea de entidades que atienden a personas sin hogar, Austria contabilizó 15.909 personas sin hogar en 2015, un 32% más que un año antes; en Bruselas, el número de personas durmiendo en la calle se duplicó entre 2014 y 2016, llegando a 707 personas; en Irlanda, el incremento fue del 25% entre 2016 y 2017 y se estima que en esa situación se encuentran 5.250 adultos y 3.124 niños; la cifra para Países Bajos fue de 31.000 personas en 2016, un 24% más que tres años antes; en Luxemburgo, el aumento entre 2012 y 2016 fue del 61%, tasa que en el Reino Unido asciende al 135% si se toma como referencia inicial el año 2010…

Leer el artículo completo en http://agendapublica.elperiodico.com/finlandia-soluciones-los-sin-techo-mas-alla-del-housing-first/

Seguir la receta para dejar de ser sin techo

Albert Sales y Laura Guijarro

Imagina que vas al médico con una infección y te receta antibióticos. Empiezas el tratamiento y cuando ya te encuentras mejor lo dejas, antes de cumplir con la semana de medicación prescrita por el facultativo, la infección reaparece y cuando vas al médico le dices que sólo has tomado el antibiótico cuatro días. El médico te dice que has tomado la decisión equivocada y que has perdido el derecho a asistencia sanitaria, te echa de la consulta y te advierte que no te volverá a atender. Aunque en algunos sistemas sanitarios europeos ya se ha llegado a poner en duda el derecho al tratamiento público sanitario de personas fumadoras o con hábitos poco saludables, poca gente aceptaría esta reacción de un médico que, además, estaría faltando a su compromiso profesional.

Hace unos días nos encontramos a una persona que vuelve a dormir en la calle después de haber sido “atendida” durante algún tiempo por una organización. La entidad en cuestión contactó con él en la calle y le prescribió como “salir del sinhogarismo”. Le proporcionaron un acompañamiento focalizado en la obtención de ingresos económicos a través de la emprendeduría… de convertirse en emprendedor. Al igual que la persona que decidió dejar los antibióticos, esta decidió dejar el “tratamiento”, y a partir de ahí, la entidad le dijo que había tomado la decisión equivocada y que había perdido el derecho a la asistencia.

Comparar los servicios sanitarios con los servicios sociales tiene riesgos, pero a veces ayuda a situarse. Las entidades especializadas y los servicios sociales municipales ya cuentan que acompañar a una persona en su salida de la calle es un proceso largo, lleno de recaídas, y que choca con la falta estructural de vivienda asequible, de empleo digno y de garantía de ingresos. Las entidades de la Red de Atención a las Personas Sin Hogar de Barcelona (XAPSLL por sus siglas en catalán) trabajan sabiendo que parte del proceso de recuperación consiste en tomar decisiones, quizás equivocadas, pero desde la autonomía personal.

Los trabajadores sociales, las educadoras y educadores, se quejan a menudo de que atienden a las mismas personas una y otra vez. Desearían “perderlas de vista” para siempre … Ojalá todas las personas atendidas por el Programa de Atención a Personas Sin Hogar del Ayuntamiento de Barcelona, ​​por el Centro Asís, por Arrels Fundació, por San Juan de Dios, por Suara , por Sant Pere Claver … y por hasta 32 entidades agrupadas en la XAPSLL, no volvieran nunca más a las puertas de los centros residenciales, centros de día, pisos de inclusión … o a la calle. Pero cuando vuelven, se las atiende. Una y otra vez. Porque del mismo modo que un médico tiene la obligación laboral y la responsabilidad moral de atender a sus pacientes tantas veces como haga falta, todas aquellas personas, profesionales y voluntarias, que trabajan día a día atendiendo a personas sin hogar también la tienen y la asumen. Porque saben que tratan con personas y que esta condición conlleva el derecho a tomar decisiones, a equivocarse, a acertar, o toparse con dificultades inesperadas.

Es interesante aprender de iniciativas innovadoras para luchar contra el sinhogarismo. Pero resulta muy peligroso que personas o entidades critiquen los esfuerzos que ya realizan organizaciones de larga trayectoria argumentando que no son eficaces porque no acaban con el problema. Peligroso porque cualquier análisis serio confirma que el problema del sinhogarismo es un problema de vivienda y que las entidades, como los servicios sociales municipales, intentan gestionarlo pero no tienen las herramientas para proveer vivienda ni para frenar escaladas especulativas. Y peligroso porque transmite la idea de que quien se enfrenta desde hace décadas está malgastando recursos y que no consigue resultados, cuando el trabajo de tantos profesionales y voluntarios sirve para hacer frente a los dramas vitales de miles personas.

Nuestro conocido, el que tomó decisiones equivocadas, vuelve a ser atendido por los servicios sociales, mientras la entidad que ha dejado de apoyarlo asegura que puede acabar con el sinhogarismo con un presupuesto mucho más reducido que cualquiera de las “entidades tradicionales “. Acabar con el sinhogarismo, ¿no requeriría que las personas que no toman las decisiones correctas dejaran de dormir en la calle? Sorprende la confianza ciega en una metodología que deja fuera a quien no sigue el tratamiento. Y sorprende como acompaña esta confianza ciega con la crítica a quien acumula décadas de experiencia.

La solución para los “sin techo”

Hace unos cuantos años que investigo y escribo sobre la pobreza y la exclusión social en nuestras ciudades. No hablo demasiado de ello fuera del ámbito académico y profesional pero, en ocasiones, en conversaciones informales, alguien pregunta sobre mi trabajo. Cuando explico sin dar muchos detalles alguno de los proyectos que me han ocupado en los últimos años, nunca faltan las propuestas para “solucionar” el problema de los “sin techo”, por más que el número de personas sin techo y sin hogar haya sufrido un fuerte incremento en Europa y los Estados Unidos (a excepción de Finlandia).

Una vez, una mujer de una entidad social, cuyo compromiso con las personas más empobrecidas de su ciudad es intachable, se enfadaba porque habiendo tantos locales vacíos encontraba indignante que la gente pasara la noche al raso … Proponía que el ayuntamiento alquilara los locales, pusiera colchones y dejara entrar a la gente a dormir dentro, “mejor en un colchón a cubierto que en la calle, ¿no?”. Muchas veces me han dicho que habiendo tantos pisos vacíos, sólo es cuestión de dar pisos a las 1000 personas que duermen en la calle y, ¡hala!, problema solucionado. No falta quien dice que la solución es poner a las personas sin techo a “trabajar” para la administración y darles alojamiento y comida a cambio.

Mega-albergues en las afueras de la ciudad, carpas autogestionadas con literas en el parque del Retiro de Madrid o en la Ciutadella de Barcelona, habilitar polideportivos como se hace en época de máxima afluencia a lo largo del Camino de Santiago…

Hay hasta quién pretende “solucionar” el sinhogarismo convirtiendo a las personas que duermen en la calle en emprendedores y emprendedoras y convirtiéndolas en profesionales que puedan vivir de sus propios ingresos. Una idea sugerente, si no fuera por la precariedad a la que estan sometidas las vidas del conjunto de los trabajadores autónomos y por lo imposible de llegar a disfrutar de una estabilidad habitacional aceptable sin unos ingresos altos o estables.

El catálogo de “soluciones” al sinhogarismo que surgen en una conversación de bar es interminable. Y seguramente de todas las propuestas se pueden rescatar ideas interesantes. Pero los debates que provoca darse de bruces con la miseria al caminar por las calles de la ciudad se rigen por planteamientos propios de una cultura política de consumo. Como si estuviéramos en unos grandes almacenes, ante los problemas sociales que nos incomodan pedimos (o exigimos) un menú de explicaciones y de soluciones más o menos simples que no nos obliguen a cuestionarnos nuestra forma de entender el mundo.

Desde hace tres décadas, las grandes ciudades de todo el mundo han ampliado las camas en centros de acogida para personas sin techo y han ensayado modalidades de intervención social innovadoras. Pero los mercados de trabajo y de la vivienda excluyen de manera sistemática y permanente a una parte de la población de los grandes núcleos urbanos. La economía de las ciudades globales está sometida a los procesos de financiarización que superan la capacidad de actuación de municipios, entidades supramunicipales y estados. En el caso de Barcelona o de Madrid, estar entre las 100 ciudades del mundo más interesantes para los grandes inversores inmobiliarios no se traduce precisamente en buenos augurios por el derecho de la vivienda. La atracción de turistas y profesionales con altos ingresos tensa los precios del alquiler en alza. Mientras tanto, los salarios bajan, los empleos en la industria turística siguen su carrera hacia la precariedad absoluta, y el paro de larga duración no tiene solución.

Asimismo, la destrucción del hábitat de millones de personas en todo el mundo genera unos flujos de migratorios imparables hacia las ciudades globales. Con movimientos de personas que no entienden de fronteras, las políticas migratorias de los estados generan situaciones de exclusión administrativa que condenan a la pobreza a una parte cada vez más importante de las personas que habitan estas ciudades.

Las barreras en el acceso a la vivienda, el paro y las graves deficiencias del sistema de garantía de rentas, y la exclusión administrativa de las personas migrantes, comportan un goteo constante de personas en situaciones de sin hogar y de sin techo .

Contra el sinhogarismo, la pobreza y otras formas de miseria urbana, no existen soluciones, existen luchas. No hay innovación social posible que nos permita asegurar que seremos capaces de limpiar las calles de pobreza, porque lo que vemos en las calles no es el resultado de trayectorias vitales descarriadas que se pueden enderezar. Las personas que duermen en las calles son la parte más extrema y más visible de una marginalidad generada por dinámicas que sobrepasan la ciudad y el estado y que se agravan con la consolidación del proyecto político neoliberal.

Esto no significa que no exista un enorme margen de mejora en la forma en como las ciudades se enfrentan al sinhogarismo. Son muchas las personas comprometidas en la lucha contra sus causas estructurales, en la mejora de las políticas de prevención que tienen como objetivo evitar que la pobreza sobrevenida se convierta en exclusión social severa, y en la atención a quien lo ha perdido todo. Son muchas las personas profesionales y voluntarias, de entidades públicas y privadas, que exploran formas de enfrentarse al sinhogarismo más efectivas, más humanas y que respeten al máximo la autonomía de las personas golpeadas por la pobreza.

Y son muchas las actuaciones que se pueden impulsar para luchar contra el sinhogarismo desde la ciudad y para la ciudad: impulsar mecanismos que garanticen los derechos civiles y políticos de las personas que viven en la calle, garantizar el acceso al agua ya los servicios de higiene, transitar de un modelo de institucionalización en albergues la provisión de alojamientos y viviendas que permitan a las personas mantener la autonomía y la capacidad de decisión sobre su vida, mejorar la colaboración entre los servicios de atención a personas sin hogar y los servicios sociales básicos, articular mecanismos de realojamiento rápido para quien pierde la vivienda, evitar que las salidas de prisiones y hospitales se conviertan en una causa de sinhogarismo garantizando acompañamiento social en los procesos de desinstitucionalización, explicar a la ciudadanía que las personas sin hogar no tienen características propias que las hagan diferentes ni son individuos incapaces para gestionar su propia vida…

Pero esta lista de mejoras y muchas otras que aquí no se recogen deben enmarcarse en la lucha contra la financiarización de la vivienda y del espacio urbano, contra los procesos de gentrificación, contra la privatización de la vida y de las relaciones humanas … Luchas que, por definición, generan conflicto y ponen en cuestión el sometimiento de las ciudades a los intereses privados.

Ante los eslóganes de la política de twitts y titulares y frente a la retórica de la innovación social gestada en las escuelas de negocios, sigo reivindicando espacios para debatir a partir del reconocimiento de la complejidad y del conflicto.

https://twitter.com/albertsc79/status/939891462250037249

https://twitter.com/albertsc79/status/939789873610969088

https://twitter.com/albertsc79/status/856567799908532224

El sinhogarismo es un problema de vivienda

[Artículo públicado el 3 de junio de 2016 en AgendaPública.es]

Las personas sin techo, las que pasan la noche y el día en las calles de las ciudades, ponen cara a las formas más visibles y crudas de la exclusión residencial. La crudeza de su situación es la punta del iceberg de la vulneración del derecho a una vivienda digna que sufren miles de personas que viven en infraviviendas o en situaciones de alta vulnerabilidad habitacional sin expectativas de construir un hogar.

Para facilitar el análisis de la exclusión residencial, la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan para las Personas Sin Hogar (FEANTSA por sus siglas en francés) propone una clasificación de las situaciones de privación de vivienda. La identificación de diferentes intensidades de exclusión pretende romper con la distinción clásica entre la sociedad mayoritaria “integrada”  que dispone de domicilio y las personas que pernoctan en la calle o en albergues y no tienen hogar. En función de las condiciones de habitabilidad del espacio donde vive una persona, la vida social y privada que permite dicho espacio y el régimen legal de utilización del alojamiento se definen cuatro situaciones de sinhogarismo: “sin techo”, que supone no tener un espacio físico donde refugiarse; “sin vivienda” que consiste en pernoctar en equipamientos públicos o de entidades sociales que ofrecen refugio pero que no reúnen las condiciones de privacidad de un hogar propio y que no ofrecen la seguridad jurídica de un contrato de arrendamiento o de una propiedad; situación de “vivienda insegura”, en la que no se puede desarrollar un proyecto de vida estable por la inexistencia de permiso legal para utilizar el alojamiento; y, por último, situación de “vivienda inadecuada”, consistente en el uso de una vivienda con permiso legal de utilización o bajo título de propiedad pero con incomodidades derivadas del deterioro del espacio físico, de la ausencia de suministros energéticos o de la falta condiciones de higiene.

Recordar la complejidad de la exclusión residencial debe servir para romper con los estereotipos que facilitan la indiferencia. Desde el campo del periodismo y la comunicación se habla de colectivo para referirse a las personas sin techo y se buscan características comunes para dibujar perfiles y para simplificar la realidad. Pero nada más alejado de la realidad que denominar “colectivo” a la suma de trayectorias individuales que tienen muy poco en común. La mayoría de las personas que se están en la calle son hombres, pero el sinhogarismo femenino es un problema social de primer orden que sigue dinámicas propias y, demasiado a menudo, ocultas e ignoradas. Los datos ponen de manifiesto que en torno a un 15% de las personas que pernoctan en calle son mujeres y que entre los recursos de alojamiento esta proporción se eleva a cerca del 20%. Aunque es extremadamente difícil cuantificar la incidencia del sinhogarismo oculto, resulta razonable pensar que en el resto del continuo ETHOS las proporciones de hombres y mujeres tiendan a igualarse y que, muy probablemente la proporción de mujeres sea mayor en las categorías agrupadas bajo el epígrafe de vivienda insegura.

La dispersión de edades es enorme. En la calle hay jóvenes que acaban de llegar a la mayoría de edad, que han roto con el hogar parental y han acabado en la calle tras sucesivos fracasos a la hora de encontrar un sustento económico y estabilidad residencial. También hay personas de más de sesenta años que se han quedado sin vivienda tras el fallecimiento de sus padres y la imposibilidad de subrogar un contrato de alquiler de renta antigua. Hay una sobrerrepresentación de personas de origen extranjero; la mayor parte de ellas, tras enfrentarse a la crudeza de un viaje interminable lleno de vallas y de situaciones violentas, luchan contra las fronteras no físicas, cotidianas, que afronta quien no tiene papeles ni acceso al mercado laboral…

Las trayectorias que pueden llevar de formas de exclusión residencial más leves a vivir en la calle son tantas y tan variadas que hablar de las personas sin techo como un colectivo con rasgos comunes constituye una simplificación estigmatizadora. Y esconde una obviedad: el sinhogarismo es una situación que se produce a consecuencia de la imposibilidad de acceder a una vivienda. Lo que tienen en común las personas sin hogar es que no tienen hogar. La exclusión residencial se manifiesta en un continuo de situaciones, y la más dura de ellas es, posiblemente, la vida en la calle.

Aproximarse al sinhogarismo desde la óptica del acceso a la vivienda obliga a replantearse las políticas tradicionales inspiradas en el funcionamiento del sistema sanitario. Tratar a las personas sin hogar como si tuvieran una patología social necesitadas de un tratamiento facilita que se den por buenas supuestas soluciones que desplazan la problemática de la vía pública a centros residenciales de emergencia. La acogida temporal en albergues puede ser un momento para establecer un vínculo con los servicios sociales y para encontrar apoyo, para algunas de las personas atendidas, pero cuando se acumulan fracasos y frustraciones, la probabilidad de que se materialicen procesos de recuperación de la autonomía personal se hace más y más pequeña. La falta de oportunidades de acceso a una vivienda provoca que una parte de las poblaciones de personas sin techo de las ciudades occidentales se cronifiquen en su situación alternando temporadas en la calle con estancias en albergues y centros residenciales.

“Sacar a los pobres de la calle”

Es difícil encontrar a alguien que no considere deseable dejar de ver personas durmiendo en las calles. Ante la presencia persistente de una persona durmiendo en un portal, en un banco, o en un cajero automático, es habitual que vecinos y vecinas reaccionen llamando a la Policía, al Servicio de Emergencias Médicas, al Ayuntamiento o a alguna entidad social. Se asume que es responsabilidad de la administración “sacar a los pobres de la calle”, en lugar de debatir sobre el acceso a la vivienda o unos ingresos garantizados. Es frecuente pedir más albergues y más dispositivos de intervención en la vía pública (ya sean educadoras sociales o agentes de policía) que garanticen que alguien saque a los habitantes inapropiados de la ciudad de las zonas más cotizadas y visibles de la trama urbana.

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Para Todos La 2 – Debate: Dormir en la calle

No hay cifras exactas, pero el número de personas sin hogar va en aumento por el empobrecimiento general provocado por la crisis. Coloquio entre Teresa Bermúdez, del programa Sin Hogar de Cáritas Diocesana; Albert Sales, profesor de Sociología de la Universidad Pompeu Fabra; y Ferran Busquets, director de la Fundación Arrels, dedicada a la atención de personas sin hogar.

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En Hungría ser “sin hogar” ya es un delito

Entre el 13 y el 15 de febrero se realizarán en todo el mundo acciones de solidaridad con las personas sin hogar de Hungría

La organización húngara de apoyo a las personas sin hogar A Város Mindenkié (La ciudad es para todos) denuncia:  ”Las elecciones de 2010 comportaron un giro autoritario y punitivo en Hungría. La democracia constitucional ha sido abolida; los derechos laborales se han restringido; se han restringido los beneficios sociales; los demandantes de asilo han sido sometidos a un régimen de control policial injustificable; se ha endurecido el código penal y se han incorporado sanciones desproporcionadas; los empleados públicos han sido sometidos a controles asfixiantes. Y todo ello, en un momento en que la tasa de pobreza y las desigualdades han alcanzado niveles que no se habían visto desde la transición al capitalismo en 1990. 

A pesar de años de activismo y protestas, el sinhogarismo se ha convertido en un delito punible en Hungría. En noviembre de 2012, el Tribunal Constitucional revocó una ley que criminalizaba las personas sin hogar, con el argumento de que el Estado debe considerar la exclusión de la vivienda como un problema social no como un hecho punible. En respuesta, el partido en el gobierno decidió cambiar la Constitución lo que permite a los gobiernos locales castigar la “residencia habitual en el espacio público”. Las personas sin hogar ya pueden ser sometidas a trabajo comunitario obligatorio, multa y encarcelamiento en la mayor parte de Budapest, y varias autoridades locales fuera de la capital también están criminalizando y penalizando la falta de vivienda”.

Hungría se ha situado en la triste vanguardia de la persecución y el hostigamiento a las personas sin hogar. Los cambios legislativos y constitucionales permiten castigar el sinhogarismo como si de un delito se tratara. Entre el 13 y el 15 de febrero, se realizaran movilizaciones de apoyo a las personas más desfavorecidas de Hungría, pero es importante destacar que muchos municipios europeos y españoles llevan años impulsando ordenanzas municipales y prácticas policiales orientadas a dificultar la vida en sus calles.

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El acoso a las actividades callejeras relacionadas con la marginalidad no es un hecho derivado de la crisis. El año 2005, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una ordenanza municipal que permitía multar a los indigentes que obstaculizaran el tráfico, la realización de malabares en la calle, la oferta de servicios no requeridos, la prostitución, o el propio hecho de dormir en la calle. El rechazo que provocó esta ordenanza ha hecho que se aplicara con diferentes intensidades en los últimos años pero lo cierto es que la normativa está en vigor. Fue justo después de la adopción de esta norma por parte del consistorio, que el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid de ese momento, Pedro Calvo, solicitó que se tomaran medidas coercitivas para retirar a los indigentes y a las prostitutas de las calles de la capital del Estado sin necesidad de esperar una orden judicial. Según el concejal “había llegado el momento de dejar a un lado el lenguaje políticamente correcto”.

En realidad, el lenguaje políticamente correcto hace tiempo que se ha dejado de lado cuando se habla de personas en situaciones de exclusión severa. En junio de 2010, el portavoz del Ayuntamiento de Sevilla exigía que se aplicaran las ordenanzas municipales a las personas sin hogar para evitar “el deterioro de la convivencia a la ciudad”. Para el concejal Juan Ignacio Zoido, la presencia de “sin hogar” en las calles y su manera de utilizar la vía pública constituía un problema para el resto de la ciudadanía. En marzo de 2012, el Pleno Municipal de Valladolid aprobó una modificación de su “ordenanza antivandalismo” para prohibir la mendicidad bajo la amenaza de sanciones de hasta 3.000 euros. En Albacete, Ciudad Real o Alcalá de Henares se han adoptado medidas similares con el objetivo de “limpiar las calles”. A principios de 2013, el Ayuntamiento de Alicante también aprobó una ordenanza que permitía multar a prostitutas y mendigos en caso de no seguir las instrucciones de la policía municipal. El resultado fue el colapso de los juicios rápidos en la Audiencia Provincial en septiembre del mismo año.

Normas por ahora restringidas al ámbito municipal podrían dar el salto a la legislación estatal española sin demasiadas dificultades. En abril de 2011, el entonces alcalde de Madrid, Aberto Ruiz Gallardón, pidió públicamente una ley que habilitara a la policía municipal para sacar a las personas sin hogar de la vía pública por la fuerza. Gallardón argumentaba que en su ciudad había recursos de pernocta suficientes para que nadie durmiera en la calle pero que no disponía de la autoridad legal para obligar a nadie a utilizarlos. Se trata del mismo argumento utilizado en repetidas ocasiones por el Secretario de Estado húngaro; una simplificación de la realidad con la que se intenta alimentar el mito de que todo el que duerme en la calle lo hace porque quiere.

La represión de la indigencia es una cara más de la guerra por el espacio público que ganan descaradamente los intereses privados. Los usos que no son provechosos para los inversores de la industria turística se han de erradicar. Para convertir las ciudades en los escenarios perfectos para las vacaciones de turistas de todo el mundo con la cartera bien llena hay que hacer limpieza y quitar de en medio a quien busca un promedio desde supervivencia entre las migajas de las grandes ciudades.

Más información: 

http://www.povertyisnotacrime.org/

Being homeless is not a crime (a Facebook)

El delito de ser pobre
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¿Luchar contra la pobreza o luchar contra “los pobres”?

Hace unas semanas, el Parlamento Húngaro aprobaba una ley que habilita a los cuerpos policiales y a las administraciones locales para castigar a las personas que duerman en la calle con multas, trabajos para la comunidad e, incluso, con penas de cárcel. Hungría ha dado un paso adelante en la criminalización de las personas en situación de exclusión severa pero es importante recordar que este país no es ninguna isla en un mar de comprensión social hacia el fenómeno del sinhogarismo.  Son multitud, los municipios europeos y españoles llevan años impulsando ordenanzas municipales y prácticas policiales orientadas a dificultar la vida a sus calles .

El acoso y la persecución a las actividades callejeras relacionadas con la marginalidad no ha llegado con el estallido de la crisis. Forma parte de un modelo de gobernabilidad de la miseria que se impone paralelamente a las políticas neoliberales. Un modelo que requiere un férreo control de la creciente pobreza que se genera a partir de la reducción de las políticas de protección social, de la precarización del empleo y de la mercantilización de todos los aspectos de la vida cotidiana. No se trata solamente de mantener els espacio público de las grandes ciudades, nodos imprescindibles de la economía globalizada, limpio y atractivo para las inversiones turísticas o los encuentros de negocios, también se hace imprescindible transmitir a la ciudadanía que la ética liberal del trabajo es más vigente que nunca. Y para someter a quienes todavía se consideran de clase media a la precariedad postindustrial hay que criminalizar y estigmatizar a los que se quedan fuera de ella, ya sea por opción o por obligación, perpetuando varios mensajes: “en nuestro sistema, quién duerme en la calle es porque quiere”, “solo se llega a esta situación cuando se ha llevado una mala vida” y “trabajando duro se puede salir”.

Fue este programa de gobernabilidad neoliberal de la pobreza y la que llevo, en 2005 , al Ayuntamiento de Barcelona a aprobar una  una ordenanza municipal que permitía multar a los indigentes que obstaculizaran el tráfico , la realización de malabares en la calle, la oferta de servicios no requeridos , la prostitución , o el propio hecho de dormir en calle . El rechazo que provocó esta ordenanza ha hecho que se aplicara con diferentes intensidades durante los últimos años pero lo cierto es que la normativa está en vigor . Justo después de la adopción de esta norma por parte del consistorio , que el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid de ese momento , Pedro Calvo , solicitó que se tomaran medidas coercitivas para retirar los indigentes y las prostitutas de las calles de la capital del Estado sin necesidad de esperar una orden judicial . Según el concejal ” había llegado el momento de dejar a un lado el lenguaje políticamente incorrecto ” .

En realidad , el lenguaje políticamente correcto hace tiempo que ha dejado de lado cuando se habla de personas en situaciones de exclusión severa . En junio de 2010 , el portavoz del Ayuntamiento de Sevilla exigía que se aplicaran las ordenanzas municipales a las personas sin hogar para evitar ” el deterioro de la convivencia en la ciudad” . Para el concejal Juan Ignacio Zoido , la presencia de “sin hogar ” en las calles y su manera de utilizar la vía pública constituía un problema para el resto de la ciudadanía . En marzo de 2012 , el Pleno Municipal de Valladolid aprobó una modificación de su ” ordenanza antivandalismo ” para prohibir la mendicidad bajo la amenaza de sanciones de hasta 3.000 euros. En Albacete , Ciudad Real o Alcalá de Henares se han adoptado medidas similares con el objetivo de “limpiar las calles de prostitutas y mendigos”. A principios de 2013, el Ayuntamiento de Alicante también aprobó una ordenanza que permitía multar a prostitutas e indigentes en caso de no seguir las instrucciones de la policía municipal. El resultado ha sido el colapso de los juicios rápidos en la Audiencia Provinciales en septiembre del mismo año.

Normas por ahora restringidas al ámbito municipal podrían dar el salto a la legislación estatal española sin demasiadas dificultades. En abril de 2011, el entonces alcalde de Madrid, Aberto Ruiz Gallardón, pidió públicamente una ley que habilitara a la policía municipal para sacar a las personas sin hogar de la vía pública por la fuerza. Gallardón argumentaba que en su ciudad había recursos de pernocta suficientes para que nadie durmiera en la calle pero que no disponía de la autoridad legal para obligar a nadie a utilizarlos. Se trata del mismo argumento utilizado hace unos días por el Secretario de Estado húngaro cuando defendía su nueva ley y de una simplificación de la realidad con la que se intenta alimentar el mito de que todo el que duerme en la calle lo hace porque quiere.

Con la imposición ideológica del neoliberalismo, se ha roto el consenso en torno al término cohesión social. Las bolsas de pobreza en medio de la opulencia de las sociedades de consumo han dejado de ser un fenómeno que se combatía de manera más o menos acertada desde los poderes públicos para ser una realidad inevitable que debe gestionarse. En las explicaciones sobre la persistencia de la pobreza en un entorno de abundancia han ganado peso los factores individuales, e incluso en un momento de profunda depresión económica y extensión del riesgo de pobreza, el conocimiento convencional distingue entre la “nueva pobreza” víctima de la coyuntura y la “pobreza de siempre” víctima de sus propios vicios y estilos de vida desviados. La exaltación de la diferencia entre los “nuevos pobres” y los “marginados” recupera la preocupación por el desperdicio de los recursos públicos en tiempos de escasez, culpando a las personas de barrios estigmatizados, las minorías étnicas e inmigrantes, los pequeños delincuentes, las personas que ejercen la prostitución en la calle, las personas sin hogar y las drogodependientes… de ser un pozo sin fondo para los menguados presupuestos sociales de las administraciones. Incluyendo tal diversidad de situaciones en el concepto exclusión social, la sociedad mayoritaria se desmarca de las realidad incómodas atribuyéndolas a la falta de ética y la falta de ganas de trabajar.

Pero la realidad es testaruda, y la extensión del riesgo de pobreza se ha extendido en España hasta un escandaloso 27% (para 2011 según Eurostat). El descenso de la renta de los hogares es imparable. De los 26.500 euros de renta familiar disponible de media en 2008 se ha pasado a los 24.609 en 2011. Y las desigualdades cada vez más exageradas, con un aumento de los millonarios del 13% en 2013. La estigmatización de las capas más vulnerables de la población no es más que un lamentable triunfo de la ideología que justifica el expolio y la explotación para enriquecer al 1%.

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