[Publicado originalmente en catalán en la web del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona]

El mercado de la vivienda y el mercado de trabajo son excluyentes y generadores de condiciones de precariedad vital en franjas importantes de la sociedad. La población migrante sufre esta doble realidad de forma muy intensa, debido a un marco normativo que dificulta aún más la cobertura de necesidades y el acceso a derechos básicos. Las trágicas muertes del martes 30 de noviembre en el local ocupado de la plaza Tetuán de Barcelona muestran la cara más inhumana de todo esto.

Lo que pasa de puertas adentro de los inmuebles

En los últimos días se han publicado cifras sobre la cantidad de personas que viven en locales ocupados como el escenario de la tragedia. Se habla de 481 personas, a las que se añaden las 384 que viven en solares y naves industriales ocupadas. Estos datos, que proceden de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona, ​​se refieren a gente atendida y conocida por los equipos de intervención sociales del consistorio, pero no constituyen ningún censo exhaustivo ni dan fe del alcance de la exclusión del vivienda que se vive en el Área Metropolitana de Barcelona y en el resto de metrópolis europeas.

De la exclusión residencial conocemos las manifestaciones más visibles. Por un lado, vemos cómo desde la crisis de 2008, y a pesar de la recuperación de los indicadores macroeconómicos que comienza en 2013, el ritmo de desahucios no ha bajado. Lo vemos porque los movimientos sociales les dan visibilidad a las calles, a la prensa y en espacios de lucha política. También vemos cómo los indicadores económicos van por un lado, y las cifras de personas que acaban viviendo en la calle van por otro. Entre 2008 y 2020, la ciudad de Barcelona ha pasado de contar a unas 650 personas durmiendo al raso a las cerca de 1000 actuales, y a disponer de 1.200 plazas de alojamiento temporal para personas sin hogar a 2.800. El sinhogarismo se convierte en un problema social evidente en la medida en que se nos evidencia en calles, parques y rincones diversos de la vía pública, y aceleró su crecimiento a partir del 2014, con una recuperación económica que dio el pistoletazo de salida a una escalada de los precios de alquiler de viviendas y habitaciones en la ciudad.

Lo que nadie puede cuantificar es lo que ocurre de puertas adentro de los inmuebles. Cada vez resulta más evidente la permeabilidad entre las diferentes formas de precariedad en el alojamiento y la vivienda. Personas que pasan un tiempo en un solar, pueden tener la oportunidad de acceder a un local ocupado, a un piso, a una pensión y volver a un solar oa la calle, en función de los ingresos de los que dispongan, de las relaciones sociales y de soporte mutuo que establezcan y de la disponibilidad de inmuebles vacíos. Se hace difícil determinar el alcance cuantitativo del problema, pero sí podemos intuir que se agrava en la medida en que las causas estructurales de la exclusión social y residencial se intensifican.

La sobrerrepresentación de las personas migradas entre las formas más duras de exclusión residencial

Entre las protagonistas de estas situaciones, las personas migrantes están claramente sobrerrepresentadas: un 74% de las personas que duermen en las calles de la ciudad son de nacionalidad extranjera, el 8% de las atendidas en los equipamientos y programas para personas sin hogar son de nacionalidad comunitaria y el 58% de nacionalidad extranjera no comunitaria, y la práctica totalidad de las personas que ocupan solares, locales y naves industriales, provienen de países extracomunitarios o de la Europa del Este.

Esta enorme sobrerrepresentación de la población migrada entre las formas más duras de exclusión residencial no tiene mucho que ver con estilos de vida o nomadismos. Las dificultades de acceso a la vivienda están relacionadas con la inestabilidad e insuficiencia de ingresos –ya sea de los que provienen del mercado laboral, sean ingresos provenientes de los mecanismos de protección social– y con los precios de pisos, casas o habitaciones. Llegar a territorio europeo procedente de países de rentas bajas supone una significativa acumulación de desventajas para acceder a una solución habitacional estable. La precariedad laboral y la irregularidad en las relaciones laborales se excluyen de los mecanismos de protección basados ​​en las cotizaciones a la seguridad social. Sin recursos económicos suficientes y sostenidos en el tiempo es muy complicado acceder a alquilar una vivienda en un mercado de alquiler en el que, incluso teniendo dinero, el inquilino o inquilina debe pasar un proceso de selección para convencer a la propiedad de la su solvencia.

En el informe “Una aproximación a los efectos socioeconómicos de la COVID-19 en la metrópoli de Barcelona”, se estimaba una tasa de riesgo de pobreza por la población de origen migrante del Área Metropolitana de un 49%, muy superior al 24% del conjunto de la población. También se constataba cómo los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTO) habían contenido la extensión de la pobreza desde el inicio de la pandemia entre los hogares con ingresos procedentes de trabajos estables y regulares. Otras herramientas, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que no están directamente vinculadas a la vida laboral, no han mostrado efectos significativos.

La tragedia de hace unos días no es sólo consecuencia de la falta de vivienda asequible y de la vulneración del derecho a la vivienda. Las condiciones de habitabilidad insalubres son el día a día de miles de millones de familias en todo el mundo. Es comprensible que nos conmocionen cuando se evidencian en la plaza Tetuan o en los barrios de una ciudad como Barcelona, ​​pero el efectismo de algunos medios de comunicación que estos días se preguntaban “cómo puede ocurrir esto aquí” o “cómo se puede permitir que haya criaturas que así vivan” haciendo espectáculo de la miseria y sin ninguna referencia a sus causas estructurales, alimenta los mismos discursos que promueven políticas migratorias excluyentes bajo la consigna de que no se puede acoger a todos. La movilidad internacional se produce tanto si Europa se fortifica como si no. Hacer la vida imposible a la gente que migra, condenarla a la marginalidad, asumir un crecimiento indefinido de las personas con derechos vulnerados en nuestras ciudades, son decisiones políticas.