• Artículo original publicado en el nº41 Entendre (i combatre) les desigualtats de la Revista Eines de la Fundación Josep Irla. Lee aquí el original en catalán. Publicado en castellano en la pàgina web de Acción en Red Madrid. Ver aquí
Las políticas públicas a menudo ponen el foco en las consecuencias de las diferentes problemáticas sociales en vez de en las causas. De cara a combatir las desigualdades, uno de los grandes males de nuestro tiempo, conviene alzar la vista y analizar las causas para que la lucha sea eficaz. Darle la vuelta requiere una mirada amplia y la disposición de ir más allá del modelo social y económico actual.

Van a pasar unos cuantos años después de la crisis financiera de 2008 hasta que se comience a hablar de recuperación económica. Los estados europeos van a tardar entres seis y nueve años en recuperar el Producto Interior Bruto (PIB) per capita previo al crack. Cuando finalmente el PIB vuelve a crecer y se materializan los esperados “brotes verdes”, el optimismo de los inversores y del mundo de los negocios contrastaba con la situación de pobreza en la que habían quedado anclados los sectores de población con menor nivel de renta.

Según el Informe FOESSA de 2019, publicación de referencia en el análisis de la pobreza, el número de personas en situación de exclusión social en el estado español era en aquel momento de 8,5 millones, 1,2 millones de personas más que en 2007. Los autores del informe alertaban ya en 2019 que un tercio de la sociedad española se encontraba en una situación crónica de inseguridad económica y que su resiliencia ante una nueva crisis era mínima.[1]

Después de la crisis de 2018, el PIB vuelve a crecer en Cataluña a partir de 2014, aunque indicadores como la tasa de pobreza o el número de hogares en situación de privación material, no han vuelto a las cifras previas a la crisis financiera. Doce años y 130.000 desahucios después, los problemas para pagar la vivienda, para hacer frente a gastos e imprevistos o para llegar a final de mes —gastar lo mismo o menos de lo que se ingresa sin gastar ahorros o endeudarse— afectan a una cuarta parte de la población catalana[2].

Y con esta disociación entre indicadores y situación social, llega la pandemia de la COVID-19, una nueva crisis que no está teniendo el mismo impacto en toda la sociedad. Los eslóganes de las primeras semanas de pandemia, que daban a entender que el virus no entiende de nivel de renta y saldríamos juntas y juntos, van a dar paso a la constatación de que los distintos grupos de población presentaban tasas de contagio muy diferentes. La exposición al virus de la COVID-19 depende de factores como el tamaño de los hogares, la cantidad de personas que comparten vivienda, la calidad de los espacios y la posibilidad de mantener las condiciones de distancia. A los factores relacionados con las condiciones habitacionales, se suman las opciones de teletrabajar, de modificar las rutinas laborales o de prescindir del transporte público masificado.

La crisis sanitaria entonces, sí que entiende de desigualdades socioeconómicas. Los ingresos de los hogares más empobrecidos dependen de prestaciones no contributivas, de ayudas de los servicios sociales y, sobre todo, de actividades económicas inestables y precarias, a menudo irregulares. Las consecuencias de la crisis sanitaria de la COVID-19 sobre la población con menor renta, van a ser inmediatas. La parada de la actividad de sectores como la hostelería, el turismo o el servicio doméstico, en cuestión de pocos días va a hacer evidente la pobreza en forma de colas para obtener alimentos. Por rápida o ágil que sea la recuperación económica post-COVID-19, las consecuencias sobre la población con rentas bajas que ocupa las posiciones más inseguras del mercado laboral, serán muy visibles.

Según la encuesta financiera de las familias de 2017, la riqueza neta del 25% de los hogares españoles más pobres era negativa en 200 euros, mientras que en 2011 era positiva en 13.000 euros.[3] La sacudida de la pandemia llega después de una década de reducción de la capacidad de ahorro de las familias y de grandes esfuerzos de las economías domésticas para mantener la vivienda y otras necesidades básicas, y traerá  una ola de empobrecimiento que ya se está dejando entrever en el incremento de la actividad de los servicios sociales y de las entidades de acción social.

Los medios de comunicación se han hecho eco de las primeras consecuencias de la crisis social desencadenada por la pandemia mostrando las dificultades de los hogares más empobrecidos para cubrir necesidades básicas como la alimentación. Reportajes y fotografías se han centrado en lo que han denominado las “colas del hambre” a las puertas de los centros de distribución de alimentos. Se extiende la preocupación por el previsible incremento de número de hogares en situación de pobreza por las enormes dificultades para pagar la vivienda, a las que se enfrenta un número de familias todavía indeterminado y por el crecimiento del paro una vez que muchos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se conviertan en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).

Corremos el riesgo de que la pobreza centre los debates alrededor de las políticas sociales. Con pandemia o sin ella, la pobreza y sus manifestaciones más extremas, como pasar hambre o vivir en situación de calle, no están causadas porque no haya recursos. Nuestras sociedades generan riqueza suficiente como para satisfacer holgadamente las necesidades de toda la población mundial. El 30% de los alimentos que se producen en Europa acaba en la basura porque se estropean a lo largo de la cadena de distribución, no tienen el aspecto esperado para llenar las estanterías de los supermercados o se destruyen antes de ser comercializados porque han perdido el valor en unos mercados sometidos a constantes altibajos especulativos. Cifras desorbitadas de viviendas vacías o infrautilizadas conviven con miles de desahucios diarios y un aumento sin tregua del número de personas sin hogar en las ciudades más ricas del planeta.

En general, las desigualdades y la concentración de recursos en manos de unas pocas personas no están en el centro de los debates públicos. Sabemos que las 26 personas más ricas del mundo acumulan la misma riqueza que 3.800 millones de personas,[4] mientras el objetivo de las políticas públicas es abordar formas concretas de estas desigualdades como son la pobreza, la precariedad, la falta de vivienda o el desempleo. Vemos la pobreza como un problema pero no la desigualdad, cuando la primera es consecuencia de una institucionalidad y de unas políticas que favorecen la acumulación de la riqueza. El egoísmo hace posible la normalización de este crecimiento de las desigualdades, de la convivencia de la opulencia más extrema que el mundo ha vivido jamás, con formas de miseria que afectan a centenares de millones de personas.

Decía Zygmunt Bauman (1925-2017) que el neoliberalismo nos obliga a buscar soluciones biográficas a contradicciones sistémicas.[5] La extensión de la precariedad, las inseguridades que nos generan los mercados de la vivienda o laboral, nos llevan a buscar salidas individuales: acumular, capitalizar, asegurar. Aunque cada vez menos personas tienen al alcance estas soluciones biográficas en forma de propiedades inmobiliarias, planes de pensiones o seguros privados.

A continuación se plantean cuatro propuestas políticas que tienen como objetivo reducir la precariedad, poniendo la desigualdad en el centro del debate. Tienen, como mínimo, dos aspectos en común: nos obligan a preguntarnos si tenemos derecho a una vida digna con independencia de nuestra relación con el mercado laboral, y comportan una redistribución de la riqueza limitando la acumulación.

La Renta Básica Universal

La pandemia va a dar un nuevo impulso al interés por las políticas de garantía de rentas. Y en medio de un importante batiburrillo terminológico, recientemente hemos escuchado hablar de la Renta Básica Universal con una frecuencia inédita. Las definiciones de esta propuesta de política pública presentan ciertas variantes, pero según la Red Renta Básica sería un ingreso que recibiría cada ciudadano y ciudadana con independencia de su relación con el mercado del trabajo, su patrimonio, sus rentas o la configuración de su núcleo de convivencia.[6]

La RBU se diferencia de otras políticas de garantía de rentas por la incondicionalidad y la universalidad. Actualmente, en mayor o menor medida, la generosidad de los sistemas de protección social europeos depende del vínculo de las personas con el mercado laboral. Las cuantías de los subsidios por desempleo o pensiones por jubilación dependen de las contribuciones realizadas previamente a la Seguridad Social o de las rentas del trabajo percibidas durante las etapas de actividad laboral. Cuando la relación con el mercado de trabajo ha sido breve, inestable o inexistente, entran en juego los sistemas de garantía de rentas, concebidos como transferencias dirigidas a hogares sin recursos.

Los actuales sistemas de protección social refuerzan el rol estructurador de las desigualdades socioeconómicas del mercado laboral. Ideológicamente, la participación diferente en la creación de la riqueza se justifica a partir de conceptos como el esfuerzo, el talento o el mérito. Aunque la tendencia a la concentración de los ingresos y la riqueza que se constata en los estados occidentales a partir de la década de 1970, la descomposición de los mercados laborales fordistas y el crecimiento del desempleo y el trabajo precario, ya hace décadas que ponen en cuestión que el derecho a una vida digna tenga que estar vinculado a la participación en las relaciones laborales.

La defensa de la Renta Básica Universal sitúa las desigualdades socioeconómicas en la agenda de transformación de las políticas públicas, puesto que garantizar unos ingresos sin condiciones a toda la ciudadanía requiere de profundas reformas fiscales. El debate no sería acerca de con qué umbrales de renta una persona —o un hogar— tiene derecho a una prestación y qué condiciones ha de cumplir para disfrutarla, sino cómo hacer posible una recaudación tributaria suficiente para que toda la ciudadanía reciba unos recursos mínimos para vivir. O lo que es lo mismo: cómo construir una garantía de rentas universal e incondicional enmarcada en una política fiscal redistributiva.

Constatado que el crecimiento y la creación de empleo no reducen las desigualdades, la función social de las prestaciones condicionadas a la búsqueda activa de trabajo, lo que se ha venido llamando «workfare»,[7] actúan como mecanismos de sumisión al trabajo precario de los sectores empobrecidos de la población. Si el objetivo real fuese la protección social, se debería avanzar hacia sistemas de protección social no productivistas desvinculados de las posiciones de las personas en el mercado laboral.[8] A medida que se constata que el mérito y el esfuerzo poco tienen que ver con los ingresos y el patrimonio, la justicia social no puede descansar sobre el trabajo asalariado. Y todavía menos cuando uno de los principales determinantes de la desigualdad es la herencia.[9]

Herencia universal

La evidencia empírica apunta a que el peso de las herencias en el desarrollo de la vida de las personas ha crecido en las sociedades occidentales a lo largo de las últimas cuatro décadas. En su obra, El Capital en el siglo XXI, Thomas Piketty (1971) analiza los flujos de herencias y su importancia en la acumulación de riqueza, y concluye que el capital heredado crece más rápido que la producción o los ingresos de los hogares. En consecuencia, el punto de partida en la vida de las personas va creciendo en importancia para definir sus oportunidades.

Este análisis refuta la idea —cada vez más cuestionada— de que las diferencias de ingresos y patrimonio se justifican por méritos o esfuerzo individuales en el mercado laboral o en la economía productiva. La mayor parte de las personas ricas lo son por haber nacido en una familia rica. Y el avance del capitalismo financiero ofrece cada vez rendimientos más elevados a las grandes fortunas, que son administradas por especialistas que disponen de información privilegiada respecto al resto de agentes económicos.

Ante esta crisis del mito de la igualdad de oportunidades, hace años que se debate acerca de la propuesta de una herencia ciudadana,[10] propuesta que últimamente ha recogido y popularizado Piketty.[11] La propuesta consistiría en que todas las ciudadanas y ciudadanos recibiesen el equivalente al 60% del patrimonio medio de su país al cumplir 25 años, equivalente a 120.000 euros en los países europeos. El pago se haría de una sola vez y se financiaría con los impuestos sobre la transmisión de bienes y las herencias. De esta manera se igualarían las desigualdades generadas por el traspaso de las fortunas personales de generación en generación.

Garantizar el derecho a la vivienda

Después de la década de 2010 en la que se cronificó la crisis habitacional, el acceso a una vivienda estable se convirtió en un factor determinante en la definición de las oportunidades vitales de los jóvenes. En toda Europa, el precio de la vivienda se convirtió en un problema para los sectores de rentas bajas de las ciudades. En Cataluña, entre 2015 y 2019, el precio medio de alquiler aumentó de 572 euros al mes a 735 y el precio de compra pasó de 1.782 a 2.193 euros por metro cuadrado. El aumento va a ser mucho más acusado en las zonas urbanas.

Disponer de ahorros para acceder a los recursos financieros que hacen posible la adquisición de un inmueble, marca la diferencia. Recibir una vivienda —o más— por herencia, se ha convertido en una soñada vía de estabilización residencial para quien desea y puede permitirse huir de un mercado de alquiler en el que las inquilinas y los inquilinos se encuentran desprotegidos antes finalizaciones de contratos y subidas de precios. La consecuencia de esta dinámica de los mercados de propiedad y alquiler lleva a los hogares de rentas bajas a hacer un esfuerzo económico casi imposible para mantener la vivienda.

En el estado español, esta situación ha estado favorecida por unas políticas de vivienda que en el pasado se van a centrar en incentivar la construcción y que desde la crisis de 2008 se han focalizado en resolver los problemas financieros de la banca en alquiler en lugar de orientarse a hacer posible la vida cotidiana de las familias.[12] Una muestra de estas prioridades es el marco tributario: una persona que compre una vivienda para utilizarla como primera residencia ha de pagar entre un 4 y un 10% de impuesto de transmisiones, mientras que las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOMICI) obtienen bonificaciones del 95%.

Garantizar el derecho a la vivienda requiere tres líneas de actuación: disponer de un parque de vivienda pública, aumentar las transferencias públicas hacia las familias para pagar la vivienda y controlar los precios. Una experiencia exitosa en la reducción drástica de la exclusión residencial es la de Finlandia. En este país nórdico, un gran acuerdo de estado entre los partidos con representación parlamentaria a finales de los años 80, va a dar lugar a una política de creación de vivienda pública para uso social que a estas alturas constituye más del 30% del parque total del país. El acuerdo de estado comporta también el desarrollo de mecanismos de protección basados en prestaciones para que personas y familias que presentan todo tipo de vulnerabilidades sociales puedan conservar la vivienda.[13]

«Papeles para todos»

En mayo de 2020 se van a impulsar diversas iniciativas para pedir una regularización extraordinaria de vecinos y vecinas que vivían en el estado español y que lo hacían sin permiso de residencia ni de trabajo. La campaña «#RegularizaciónYa» va a unir a 900 organizaciones de todo el estado en la reivindicación de una regularización permanente de todas las personas migradas y refugiadas. Estas entidades cifraban en 600.000 las personas en situación de irregularidad y expresaban en una carta al gobierno español que la pandemia estaba demostrando que muchas de las tareas imprescindibles para el sostenimiento de la sociedad durante la COVID-19, estaban siendo sostenidas por gente de orígenes diversos que se encontraban en situación de extrema vulnerabilidad a causa de la exclusión administrativa.

En Cataluña, la plataforma Casa Nostra Casa Vostra, se va a sumar a la reivindicación con una campaña titulada «Para que nadie quede atrás: papeles para todos». Entre las desigualdades potenciadas por la pandemia, las provocadas por el sistema de control migratorio van a hacerse muy visibles desde el primer momento. La parada de las actividades económicas informales o los abusos a los que se van a ver sometidos trabajadores y trabajadoras migrantes que subsisten gracias a estas actividades, fueron el primer síntoma del desigual impacto de la nueva crisis.

Porque la pandemia de la COVID-19 también va a contribuir a hacer más visible que hay personas que van por la calle con miedo a que les pare la policía, que no tienen una cobertura sanitaria completa, que no pueden pedir a quien les paga por limpiarle la casa que pida un ERTE o que les continúe pagando una parte del sueldo a pesar de no necesitar unos servicios que hace años que malpagan, que no pueden aspirar a ninguna protección social porque administrativamente no existen.

El sistema de control migratorio que constituye el motor de este profundo eje de desigualdad es algo históricamente nuevo. Los visados, los permisos y las situaciones de irregularidad no eran, ni de lejos, la principal preocupación de los más de 60 millones de europeos y europeas que entre 1870 y 1930, van a abandonar el viejo continente para instalarse en territorios de ultramar.[14] Es durante el siglo XX que los estados del centro del sistema económico —las potencias coloniales— establecen mecanismos de control del flujo de personas y mano de obra, mecanismo que se va a endurecer a medida que avanza la globalización dando lugar a una aparente paradoja: mientras la movilidad de capitales y mercancías crece, la de personas se ve limitada por los estados.[15]

Las restricciones de los derechos de las personas migradas se justifica por la necesidad de control sobre unos mercados laborales alejados de la plena ocupación que caracterizaba la parte central del siglo XX, y con argumentos identitarios. Los estados utilizan sus herramientas administrativas para definir un régimen de segregación en el que las personas migradas viven en una constante situación de excepcionalidad. La criminalización de la irregularidad administrativa —a menudo vinculada a la racionalización— genera un grupo social que ostenta el estatus de indocumentado o irregular y que constituye un volumen cada vez más grande de fuerza laboral barata, con acceso limitado a los servicios públicos y a cualquier tipo de protección, incluyendo la judicial.[16]

Hay muchos indicadores que ilustran las consecuencias de esta segregación y su creciente impacto. En Barcelona ciudad, como en la mayor parte de las grandes ciudades europeas, el peso de la situación de extranjería entre las personas en situación de exclusión social severa no ha hecho más que aumentar en los últimos años. Mientras que en 2008, el 42% de las personas sin hogar que dormían en las calles de la ciudad eran de nacionalidad española, en 2018: esta proporción se redujo al 25%.[17]

Hay sobrada evidencia empírica respecto a la incapacidad de las políticas de control migratorio a la hora de limitar la movilidad. Los movimientos migratorios se producen y las fronteras pretendidamente más impermeables no los paran, aunque alimentan la exclusión social y administrativa de las personas migradas. Si alguien con nacionalidad española prueba suerte en Alemania y se encuentra en medio de Berlín sin ingresos ni red social de soporte, volverá a casa, al menos temporalmente. Sabe que podrá intentar un nuevo proyecto migratorio en el futuro. No vive la posibilidad de retorno de la misma manera un mejicano en los Estados Unidos o un senegalés en Cataluña. Mientras el foco mediático y las turbulencias políticas se sitúan en las fronteras y en conceptos como «el efecto llamada», la encuesta de variaciones residenciales del INE muestra que en 2019 se establecen en el territorio español 784.000 personas de manera legal. También muestra el flujo de salida, que sube a unas 300.000 personas anuales.

Poner freno a las situaciones de irregularidad sobrevenida por la pérdida de trabajo y una mayor flexibilidad en la regularización tendrán como consecuencia una reducción de la exclusión, la explotación y la desigualdad.[18]

modo de conclusión

Materializar estas propuestas, convirtiéndolas en políticas públicas, reduciría substancialmente la pobreza, aunque también la capacidad de acumulación de riqueza y de extracción de rentas a través del mercado laboral, del mercado de la vivienda y de los mercados financieros. Todas ellas tienen fervientes defensores y detractores, desde personas que las consideran imprescindibles para la sostenibilidad de nuestras sociedades, hasta quien las ve completamente irrealizables. Su valor no radica únicamente en la viabilidad, sino en el debate que provocan.

El reconocimiento del derecho a la subsistencia o el derecho a migrar con independencia de nuestra relación con el sistema productivo y el mercado laboral, puede guiar las políticas públicas aunque no existan los consensos sociales y políticos para la aplicación de una Renta Básica Universal o la libre circulación global. Desde los diferentes ámbitos de la administración se puede avanzar hacia la condicionalidad de las transferencias públicas y hacia facilitar el arraigo de vecinos y vecinas en situación de irregularidad. Debatir sobre la Herencia Universal o sobre la garantía efectiva del derecho a la vivienda nos lleva a desmontar el mito de la igualdad de oportunidades y nos debería orientad hacia políticas redistributivas y predistributivas. Unas políticas que han de nutrirse de sistemas tributarios más progresivos.

Y todo ello tiene una dimensión global que no podemos olvidar. Si en 1990, el Banco Mundial estimaba que un 36% de la población del planeta vivía en situación de pobreza extrema, en 2017 la cifra se situaba en el 9% de la población mundial. Globalmente, hemos pasado de 1.900 a 700 millones de personas pobres, si bien la reducción ha sido desigual dependiendo de la zona geográfica. Aunque este indicador no describe las profundas transformaciones en los sistemas productivos que han posibilitado que millones de personas pasen de no tener ingresos económicos a contar con más de 1,9 dólares al día. ¿Hasta qué punto la obrera que confecciona ropa en las fábricas de Dhaka para grandes firmas internacionales a cambio de un salario de 40 dólares mensuales es menos pobre que su abuela que vivía de la agricultura de subsistencia?

Parecería que es posible reducir la pobreza en un momento en el que la capacidad de acumulación de las grandes fortunas globales no hace más que aumentar. Pero cada vez más, voces expertas alertan que estos indicadores miden la mercantilización de la vida de la gente más que su salida de la miseria. Durante el 2020, año del inicio de la pandemia del COVID-19, la fortuna de las 20 personas más ricas del planeta, ha crecido un 24%; en términos absolutos, la fortuna de los 50 hombres más ricos, aumentó durante el mismo año, 640.000 millones de dólares.

Acabar con la pobreza requiere cambiar nuestra relación con la riqueza. Ni los mercados ni la filantropía garantizarán el acceso a la alimentación, el agua, la salud o la vivienda de 7.800 millones de personas. El camino para conseguirlo pasa por impulsar profundas reformas fiscales por la defensa global de los derechos de las personas trabajadoras, para situar los bienes imprescindibles para la vida fuera del alcance de las grandes empresas y los mercados internacionales. Medidas que limiten la capacidad de unos cuantos de enriquecerse indefinidamente y que obren horizontes más esperanzadores y sostenibles para todas.

Notas
[1] FOESSA, VII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España.
[2]   Según la Encuesta de Condiciones de Vida de Cataluña (consultada en la página de IDESCAT), un 6,2% de la población se encuentra con muchas dificultades para lleguar a final de mes y un 20,5% afirman llegar con dificultad.
[3] BELZUNEGUI; VALLS, Diagnosi Social de Catalunya 2018: L’Estat de la pobresa.
[4] OXFAM, ¿Bienestar público o beneficio privado?
[5] BAUMAN, La globalización: consecuencias humanas.
[6] ARCARONS; RAVENTÓS; TORRENS, Renta básica incondicional: una propuesta de financiación racional y justa.
[7]  WACQUANT, Castigar a los pobres: El gobierno neoliberal de la inseguridad social.
[8] OFFE, «Basic income and the labor contract.».
[9]  RENDUELES, Contra la igualdad de oportunidades. Un panfleto igualitarista.
[10]  ACKERMAN; ALSTOTT, «Your stake in America».
[11] PIKETTY, Capital e Ideología.
[12]  TRILLA, «Política de vivienda contra la desigualdad».
[13] SALES; GUIJARRO, «Finlandia: soluciones para los Sin Techo más allá del Housing First».
[14] SÁNCHEZ, «La época de las grandes migraciones: desde mediados del siglo XIX a 1930».
[15] GRAEBER,  «The Globalization Movement: Some Points of Clarification».
[16] MASSEY; DURAND; MALONE, Beyond smoke and mirrors: Mexican immigration in an era of economic integration.
[17] SALES, Qui dorm al carrer a Barcelona? Característiques de la població sense sostre de la ciutat segons les dades dels equips municipals d’intervenció social a l’espai públic.
[18] IZQUIERDO-ESCRIBANO, Crítica de la inmigración imaginada.
Referencias bibliográficas
  • ACKERMAN, Bruce; ALSTOTT, Anne. «Your stake in America». A Ariz. L. Rev., núm. 41(249), 1999.
  • ARCARONS, Jordi; RAVENTÓS, Daniel; TORRENS, Lluís. Renta básica incondicional: una propuesta de financiación racional y justa. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2017.
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