Se vuelve a hablar de despenalización del cultivo y la tenencia de cannabis. Es un buen momento para recordar las decisiones políticas que llevaron a abordar el consumo y el comercio de algunas drogas a través del derecho penal son muy recientes. La persecución por tierra, mar y aire de los derivados del opio, la cocaína y el cáñamo es el resultado de movimientos políticos de la segunda mitad del siglo XX y no consustancial al desarrollo de los sistemas penales modernos. 

El primer tratado internacional sobre control de drogas fue el Convenio Internacional del Opio de 1912. Su objetivo no era perseguir a traficantes, ni salvaguardar la salud pública, sino establecer los mecanismos para que los estados pudieran gravar el opio con impuestos. El convenio se centra pues en cómo garantizar la recaudación para las arcas públicas que debía generar el comercio con sustancias procedentes de las colonias asiáticas cada vez más demandadas. 

Es en la Convención de Naciones Unidas sobre estupefacientes de 1961 que se insta por primera vez a los estados a controlar el comercio de sustancias derivadas de la hoja de coca, el opio y los derivados del cáñamo con el objetivo de proteger la salud pública. Se prevé que dicho control se vehicule a través del derecho administrativo y no del derecho penal. En la Convención de 1971 sobre sustancias psicotrópicas se anima a los estados a controlar el comercio y el uso de algunas drogas (no todas, puesto que las tradicionalmente aceptadas en occidente, como el alcohol o el tabaco, quedan fuera del cualquier debate) mencionando ya el uso de herramientas penales. Ambas convenciones, suponen el inicio de prohibiciones que durante los ochenta dan lugar a las primeras medidas penales. 

A partir de la Convención de Naciones Unidas sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988, los estados acuerdan la persecución penal del tràfico (en muchos países del consumo) de ciertas drogas (no todas, por supuesto). El objetivo de la convención de 1988 no es preservar la salud pública sino combatir los grupos organizados dedicados al tráfico, surgidos de las propias prohibiciones. En lugar de llegar a la conclusión que la prohibición alimenta los grupos criminales organizados, los estados, bajo el liderazgo de Estados Unidos, deciden que para combatir los cárteles de la droga lo que hace falta es más represión sobre traficantes y consumidores en todo el mundo. 

El control penal del comercio y consumo de derivados de la hoja de coca, del opio y del cáñamo, ha arrojado algunos resultados que distan de los anunciados a finales de los 80 por los defensores de la “Guerra contra las drogas”. La oferta de estas sustancias no ha disminuido a juzgar por la evolución de los precios y por los estudios sobre consumo realizados en muchos países occidentales. El socorrido objetivo del control de la salud pública parece una quimera unas décadas después y las prohibiciones no ayudan a la prevención puesto que infantilizan a la ciudadanía tratando de modificar pautas de consumo contra su voluntad. 

La prohibición es un importante motor de la criminalidad financiera y los grupos organizados que controlan el comercio tienen más poder que nunca. Mientras tanto la persecución penal del consumo y tráfico de ciertas drogas ha dado lugar a herramientas penales que afectan profundamente a las libertades individuales y ha justificado tanto intervenciones policiales tremendamente agresivas en barrios empobrecidos de las grandes ciudades europeas y estadounidenses, como intervenciones militares norteamericanas en multitud de puntos del planeta. Pero a pesar de los tímidos pasos en materia de despenalización de la producción, comercio y consumo de cannabis estamos lejos de deshacer el camino andado en materia de prohibición y persecución penal de las drogas.