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Albert Sales

Prisión permanente revisable: populismo punitivo en estado puro

Los discursos conservadores acerca del funcionamiento del sistema penal y de las fuerzas de seguridad nos pueden llevar a pensar que nos rodean miles de seres peligrosos dispuestos a provocarnos todo tipo de males para apoderarse nuestras cosas, para hacerse con nuestro dinero o, lo que es peor, por sentir simple y puro placer. A juzgar por los contenidos de campañas electorales y por los debates previos a la aprobación de nuevas normativas como el nuevo código penal español, parece que los delincuentes se aprovechan de un sistema blando y permisivo que facilita que, en caso de dar con sus huesos en un calabozo, el asesino de turno salga en pocas horas por la misma puerta por la que ha entrado. Lo peor del argumentario punitivo desplegado por políticos y medios de desinformación es que se basa en mitos que no se sustentan en evidencia empírica alguna y que no existe una contestación clara, valiente, informada y contundente, de la llamada izquierda parlamentaria.

delitoDesde que se empezó a trabajar en el nuevo código penal y mucho antes de abandonar su cargo como ministro de justicia, Alberto Ruiz-Gallardón anunció la finalidad de los cambios era adaptar el sistema penal ”a la delincuencia del siglo XXI”. Los grandes titulares del anuncio del ministro de justicia fueron que se incorporaba la figura de la “la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, con la finalidad de proporcionar una respuesta penal más adecuada a ciertos crímenes que causan una especial repulsa social”. Los crímenes que se contemplan para la aplicación de esta modalidad de cadena perpetua son los homicidios terroristas, los atentados cometidos contra el Rey y contra jefes de Estado extranjeros, los casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad con homicidio, y el asesinato de menores de 16 años o de personas de especial vulnerabilidad.

Existe la remota posibilidad de que la plana mayor de la política española crea necesaria la reforma del código penal pero en estos tiempos en que la política (o el politiqueo) se moldea a golpe de encuesta y de los caros consejos de los spin doctors, es difícil creer que un tema tan caliente haya sido lanzado a la palestra sin un previo cálculo de réditos electorales. No es casual, que los incrementos de penas se anuncien a bombo y platillo cuando se ponen de actualidad casos de asesinatos y agresiones sexuales a menores. En los debates sobre la propuesta de reforma del Código Penal del PP se han utilizado casos como el de Marta del Castillo para apelar a la visceralidad de la opinión pública y convertir la necesidad del endurecimiento de penas en un producto del sentido común. Hasta el punto que en febrero de 2014, el Partido Popular llevó a Antonio del Castillo, el padre de la joven asesinada en 2009, al Congreso de los Diputados a expresar su opinión sobre la propuesta de reforma del Código Penal. La comparecencia no tiene nada de genuino. En las últimas tres décadas, bajo el liderazgo de los EEUU y el Reino Unido, se ha producido en los païses occidentales un giro punitivo en la forma en que la esfera política se enfrenta al tema del control del delito.

En las últimas décadas, los debates acerca del control de la delincuencia han puesto en el foco mediático y político los intereses de las víctimas anulando cualquier reflexión acerca del interés común. Se plantea la relación entre víctimas y delincuentes como un juego de suma cero, en el que la severidad con la que se trata al agresor parecería aportar un beneficio a la víctima. En el sentido contrario, los medios “denuncian” cualquier concesión al bienestar material del penado o a la reconstrucción de su vida como un insulto a la víctima y, por extensión al conjunto de la sociedad. Este falso juego de suma cero, relega a un segundo plano el debate sobre el interés general. Con independencia de la evidencia empírica sobre el carácter criminógeno de las instituciones penitenciarias, se exige más prisión y durante más tiempo.

Como señala David Garland, mientras en los años 60 y 70 era impensable que personas con responsabilidades políticas manifestara públicamente su apoyo a la venganza institucional o al castigo expresivo del delito por parte de la maquinaria estatal, a partir de los 80 se impone un nuevo paradigma que normaliza la visceralidad en los debates públicos acerca del crimen y el castigo. Se produce en las últimas décadas un progresivo abandono del ideal rehabilitador de las instituciones penales que alimenta el desprestigio del papel social del análisis técnico y científico. ¿Qué pueden aportar académicos y personas expertas en asuntos que deben ser tratados con “sentido comun”?

La mención explicita a “crímenes especialmente repulsivos” como los asesinatos de menores para justificar la aplicación de la “prisión permanente revisable” cumple con al menos seis de las diez estrategias de manipulación informativa descritas por el lingüista Noam Chomsky. (1) Sirve como distracción a los problemas realmente acuciantes en este momento; (2) da relevancia a un problema que no existe (no hablo aquí del asesinato de los menores en cuestión sino de una supuesta laxitud del sistema penal español) y ofrece soluciones fáciles; (3) introduce medidas de forma gradual, en este caso la restauración de la cadena perpetua en forma de prisión permanente revisable; (4) pretende generar respuestas emocionales evitando el análisis racional de las alternativas; (5) mantiene al público en la ignorancia ocultando datos objetivos sobre la criminalidad y la delincuencia; (6) parte del conocimiento de las dinámicas sociales y de las corrientes de opinión que ofrecen las herramientas de análisis sociológico del estado y de las empresas especializadas.

La reforma del código penal en su conjunto forma parte del populismo punitivo que, gradualmente importado de los Estados Unidos, avanza en Europa asociado a la desarticulación de los Estados del Bienestar y la imposición del proyecto neoliberal. Los mecanismos de integración social o de atención social a los colectivos vulnerables se sustituyen progresivamente por la estrategia del castigo hacia los comportamientos que se desvían de aquello que la “sociedad mayoritaria” considera correcto, tratando de incluir en la misma bolsa de personas sospechosas de ser parásitos del sistema a drogodependientes, traficantes, prostitutas, madres solteras que viven del apoyo institucional, personas sin hogar y todo aquel individuo cuya mera existencia incomode a la ciudadanía de bien. El proceso, casi consolidado en los Estados Unidos, desplaza el peso de la acción del estado de la atención a la persecución de la población excluida y se justifica a través de la estigmatización y de la culpabilización de las victimas a través del uso deliberado de una publicidad engañosa que lleva a creer al “ciudadano de bien” que la exclusión social es fruto de la renuncia voluntaria de la mala gente a someterse a la ética del trabajo, de que cada vez hay más violencia y delincuencia en las calles y de que hace falta más represión para garantizar su propia seguridad.

Y cuando las justificaciones para transformar las políticas sociales en políticas punitivas fallan, siempre se puede acudir al miedo al terrorismo.

Recomendaciones bibliográficas

Aranda et al. 2005. El Populisme Punitiu: Anàlisi de les reformes i contra-reformes del Sistema Penal a Espanya (1995-2005) Observatori del sistema penal i els drets humans. Universitat de Barcelona.

Garland, David. 2005. La Cultura Del Control. Crimen Y Orden Social En La Sociedad Contemporánea. Barcelona: Gedisa.

Ríos, Julián. 2013. La prisión perpetua en España. Razones de su ilegitimidad ética y de su inconstitucionalidad. Donostia: Tercera Prensa.

Wacquant, Loïc. 2010. Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social. Gedisa.

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This entry was posted on Febrer 3, 2015 by in Exclusió social i pobresa, Repressió and tagged , , .
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