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Albert Sales

Luchar contra la pobreza desde el ámbito municipal

[versió en català aquí]

Los dispositivos de los Estados del Bienestar no lograron acabar con la pobreza en las sociedades opulentas occidentales. A pesar de los mecanismos de redistribución de rentas, los sistemas de protección social y una amplia gama de servicios públicos que incluían los servicios sociales, la pobreza continuó afectando a una parte de la población excluida del mercado laboral y de las prestaciones públicas que se derivaban del trabajo asalariado. En los Estados benefactores, construidos en una sociedad productores marcada por la ética industrial del trabajo, la protección social estaba condicionada a la participación en el mercado de trabajo (Bauman, 1999). Para generar derechos, los hombres en edad y condiciones de trabajar de cada hogar debían demostrar su compromiso con el trabajo industrial. Esto dejaba fuera de los mecanismos de bienestar hogares y personas excluidas de manera más o menos permanente del mercado de trabajo. Hogares monopartentals, personas con enfermedades crónicas, personas de minorías étnicas marginadas por parte de la sociedad mayoritaria… formaban parte de las filas de los y las pobres que las políticas socialdemócratas no conseguían sacar de su situación de desventaja social. Convertir a “los pobres” en minoría social empujó a las sociedades de “clases medias” de la parte central de siglo XX a problematizar la pobreza. De la pobreza integrada, la que se asimilaba como un hecho social habitual, se pasaba a la pobreza marginal, un problema que había que corregir (Paugam, 2007).

IMG_20140610_155609El cuerpo central de los servicios y prestaciones de los Estados del Bienestar tenía como destinatarios a los trabajadores asalariados y sus familias. Sanidad, educación, prestaciones por desempleo o pensiones de jubilación, se consideraban servicios que el Estado debía proporcionar a su ciudadanía. No fue así con los servicios sociales. Con todas sus variantes y pese a tímidos intentos de convertirlos en el cuarto pilar de los Estados del Bienestar, los servicios sociales se convirtieron en el mecanismo de atención a la pobreza marginal (Bauman, 1999). En toda Europa, los servicios sociales se hacían cargo de intervenir en los hogares que no reunían las condiciones mínimas para el desarrollo de los niños, de organizar la provisión de alimentos a las personas sin recursos, de gestionar los equipamientos para alojar personas sin hogar, de gestionar las escasas prestaciones económicas que recibían las personas sin ingresos que no constaban como cotizantes del sistema.

Por su cercanía a la vida cotidiana y por su relación con el orden en la vía pública los servicios sociales han quedado en manos de las administraciones locales, que ven cómo han de resolver los problemas sociales derivados de políticas que están totalmente fuera del su alcance. A raíz de la desarticulación de los mecanismos de protección y de la imposición del sentido común neoliberal, el Estado abandona el objetivo de hacer desaparecer la pobreza de las sociedades ricas. Se asume, de manera explícita, que siempre habrá individuos marginados de los beneficios del crecimiento económico y se traslada la responsabilidad de esta exclusión a sus problemas individuales (Bourdieu, 1994). Las contrarreformas neoliberales rompen el vínculo entre crecimiento económico y bienestar material por capas cada vez más amplias de la población (Bauman, 2014) y generan dinámicas de marginación y segregación territorial de los sectores menos favorecidos de la actividad económica (Wacquant, 2010). Las administraciones locales y, en un sentido amplio, las ciudades se enfrentan a los retos provocados por el crecimiento del desempleo y la precariedad laboral, por el incremento del riesgo de pobreza en amplias capas de la población, por la extensión de las situaciones de pobreza y de marginalidad en zonas urbanas relegadas y estigmatizadas, por la debilidad de las políticas de apoyo a las familias, por las reducciones de las prestaciones económicas no contributivas. Sin capacidad para incidir sobre las políticas macroeconómicas están sujetos a las consecuencias de un nuevo orden global en el que los municipios dedican cada vez más recursos a la competición para atraer inversiones que a las políticas sociales y relacionadas con la vida cotidiana (Purcell, 2002).

Siguiendo las recetas neoliberales, las respuestas de los ayuntamientos a las interpelaciones de la ciudadanía en materia de reducción de la pobreza se limitan a la repetición del mantra de la creación de empleo. La mejor manera de reducir la pobreza es crear empleo y esto justifica el desarrollo de políticas de promoción económica dirigidas a facilitar la actividad de las grandes empresas en el municipio. Cuando una administración local defensa estar llevando a cabo políticas más sociales, se utiliza la proporción de gasto en los servicios sociales municipales como indicador. En línea con el reduccionismo economicista imperante, la cantidad pasa por encima de la calidad y, finalmente, si la proporción de gasto en servicios sociales aumenta o se mantiene, ¿qué más puede hacer un Ayuntamiento por su ciudadanía ante las fuerzas de la economía global?

A continuación se proponen líneas de acción en la lucha contra la pobreza que no dependen tanto de la disponibilidad de recursos como de la asignación y priorización de los recursos existentes. No es ninguna lista cerrada. Sólo seis ideas que surgen del análisis microsocial del impacto de las políticas existentes en las víctimas de una lacra que las élites han renunciado combatir y erradicar.

1. Orientar las políticas de promoción económica y de empleo en sectores que generen puestos de trabajo vinculados a la economía de proximidad y formas empresariales cooperativas. Insistir en destinar recursos públicos en sectores de alto valor añadido, como la biotecnología y las tecnologías de la información y la comunicación, es útil para captar votos de las autodenominadas clases medias que aún aspiran a que las carreras universitarias de sus hijos culminen en puestos de trabajo de alta cualificación. Pero los puestos de trabajo que se crean son altamente volátiles para que las empresas son fácilmente deslocalizables, y no luchan contra el desempleo de las grandes mayorías sociales. Utilizar los recursos públicos para promover la Economía Social y Solidaria tiene una repercusión directa en la creación de puestos de trabajo estables, de calidad y para todos los estratos de la sociedad.

2. Construir puentes entre la administración pública y las iniciativas de la ciudadanía organizada. Están surgiendo iniciativas que buscan la satisfacción de derechos sociales y económicos a través de la autogestión. La Obra Social de la PAH o las Redes de Alimentos son ejemplos destacables. Sin entrar en la lógica de la subvención y la institucionalización, un ayuntamiento puede optar por criminalizar las formas de desobediencia organizada o buscar mecanismos de coordinación de esfuerzos y complementariedades para garantizar el derecho a la vivienda y el derecho a la alimentación.

3. Frenar la mercantilización del espacio público. Cada vez es más complicado desarrollar cualquier actividad en el espacio urbano que no sea transitar en dirección a un lugar concreto o consumir. Calles y plazas se convierten en centro comerciales a cielo abierto. No se puede estar sin una intención de consumo (con la excepción muy limitada de los niños en los parques). Al no disponer de capacidad de consumo, las primeras personas afectadas son las más empobrecidas que ven limitado su derecho a la ciudad. La vivienda precaria o el sinhogarismo conlleva pasar muchas horas en la calle. Hacer la calle espacio de encuentro y no de persecución y ostigament, colabora en la desestigmatización de las víctimas de la pobreza.

4. Romper radicalmente la lógica de infantilización de la pobreza imperante. La permanente sospecha de parasitismo social que el discurso político hegemónico mantiene sobre las personas en situación de pobreza no tiene ningún apoyo empírico para implica grandes prejuicios a las personas que deben hacer uso de los servicios sociales. Hay que priorizar políticas de transferencia de rentas sobre políticas de ayuda en especies o de transferencias condicionadas que implican despojar al hogar asistida de su capacidad de elección y de su rol de consumidora. Si el problema de un hogar es la ausencia de rentas o la utilización del grueso de la renta disponible para pagar la vivienda, la administración debe evitar responder con comida para evitar profundizar en el proceso de descualificació social vinculado a la experiencia subjetiva de la pobreza.

5. Integrar los servicios sociales en una visión más amplia de los servicios a las personas. En el catálogo de los servicios a las personas que prestan los ayuntamientos hay que no sufren el estigma de los servicios sociales y que son considerados servicios para la ciudadanía. Las guarderías públicas o los hogares de ancianos, tienen una consideración diferente por la opinión pública, en parte por su desvinculación del mito de la pobreza como resultado de un fracaso personal y laboral. Hay que evidenciar que todas las ayudas a la vida cotidiana y las tareas de cuidado son políticas contra la pobreza y que establecer puentes entre servicios que permitan el contacto entre los “colectivos” de personas usuarias contribuye a un mayor dinamismo comunitario. Experiencias como los centros abiertos donde personas sin hogar realizan actividades con jubiladas o jóvenes, o guarderías en que los abuelos y abuelas colaboran periódicamente, son ejemplos característicos.

6. Dotar a los centros de servicios sociales de referencia con recursos específicos para la acción comunitaria. Permitir que se desarrolle una labor cuidadosa de dinamización comunitaria entre iniciativas vecinales no institucionalitades, entidades sociales y administración, es una inversión, no un gasto. Inversión en identificación de problemáticas e inversión en identificación soluciones y recursos. La acción comunitaria exige una visión radicalmente democrática del funcionamiento de la administración pública y supone vencer muchas resistencias tecnocráticas, pero no se puede luchar contra la pobreza sin hacer a las víctimas protagonistas de su propio proceso. Asimismo, un buena trabajo comunitario, puede hacer funcionar la siempre reclamada pero nunca alcanzada cooperación entre escuelas, servicios sociales, centros de salud y residencias de ancianos.

El Estado neoliberal no ignora el crecimiento de la pobreza y de las bolsas de marginalidad. Genera un modelo de gestión de la pobreza basado en la vinculación de las ayudas sociales al seguimiento de programas de inserción laboral en un entorno de trabajo altamente precarizado, estigmatiza y criminaliza las víctimas de la pobreza justificando una intervención policial y penal sobre los barrios de segregación y sobre los colectivos tradicionalmente marginados del empleo, y delega la responsabilidad pública en la protección social de los individuos en la filantropía privada, erosionando el discurso de los derechos sociales y vinculante la atención a la pobreza en el voluntarismo.

Las estrategias para hacer frente a esta ofensiva contra “los pobres” pasan por reforzar el empoderamiento político de las víctimas de la pobreza, rompiendo con la individualización de los problemas sociales y con el sentimiento de culpa e indignidad con que cargan las personas que profundizan en su proceso de descalificación social. El margen de actuación de los municipios ante la gestión neoliberal de la miseria que llega de entidades estatales y supra-estatales no se limita a la asignación de recursos económicos a los servicios sociales. En la cadena de decisiones políticas y técnicas se puede optar por convertir los recursos municipales en una herramienta más de control y contención de la marginalidad o en un pilar del empoderamiento de las víctimas de la pobreza en complementariedad con la ciudadanía organizada.

Referencies

Bauman, Zygmunt. 2000. Trabajo, Consumismo Y Nuevos Pobres. Barcelona: Gedisa.

———. 2014. La Riquesa D’uns Quants Beneficia a Tothom? Barcelona: Arcàdia.

Bourdieu, Pierre. 1993. La misére du monde. Paris: Edicions de Seouil.

Paugam, Serge. 2007. Las Formas Elementales de La Pobreza. Madrid: Alianza.

Purcell, Mark. 2002. “Excavating Lefebvre: The Right to the City and Its Urban Politics of the Inhabitant.” GeoJournal 58: 99–108.

Wacquant, Loïc. 2010. Castigar a Los Pobres. El Gobierno Neoliberal de La Inseguridad Social. Barcelona: Gedisa.

2 comments on “Luchar contra la pobreza desde el ámbito municipal

  1. Retroenllaç: Lluitar contra la pobresa des de la perspectiva municipal | + arguments?

  2. Retroenllaç: Als pobres incòmodes se’ls criminalitza. Sobre els fets ocorreguts a Serveis Socials de Ciutat Meridiana | Educació Transformadora

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This entry was posted on Octubre 16, 2014 by in Exclusió social i pobresa and tagged , , , .
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