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Albert Sales

Cuando ser pobre es un delito

Albert Sales i Campos // Profesor de sociología y criminología en la UPF y en la UdG

Publicado originalmente en catalán en el Setmanari La Directa núm. 357

El programa político neoliberal no pasa por desentenderse de la pobreza sino por adoptar un nuevo modelo de gestión de la misma. El discurso y la praxis del gobierno de CiU en Cataluña y del gobierno del PP en el Estado encajan perfectamente con un estilo neoliberal de gestión de la pobreza. Un modelo caracterizado por la retirada de la administración pública del ámbito de la asistencia social y la delegación de responsabilidades en entidades sociales; por la utilización del sistema penal, la represión y el punitivismo, para eliminar los síntomas del empobrecimiento de las calles; y por la imposición de un estado permanente de sospecha hacia las víctimas de la pobreza culpabilizándolos las de su situación con acusaciones de vagancia y parasitismo.

10171908_257253624453827_8376722926409913822_nCon la delegación de responsabilidades sobre las entidades sociales se consigue silenciar la tarea de denuncia que estas realizarían si no dependieran económicamente de la administración, situar la asistencia social en el terreno de la voluntariedad y acabar de raíz con el discurso de los derechos sociales. Las personas asistidas ya no solicitan hacer efectivo un derecho ante la administración sino que piden ayuda a una organización de la sociedad civil situada fuera de su propio control democrático. En paralelo, se justifica la mano dura para imponer el orden y el civisimo frente a estos “pobres estructurales” que tienen la osadía de pasar su vida en una vía pública convertida en centro comercial a cielo abierto y en un espacio destinado al turismo.

La pobreza que viene

Desde 2009, la pobreza se ha extendido a buen ritmo afectando a sectores de población que hasta hace poco se creían a salvo, diga lo que diga el Conseller Homs . En declaraciones realizadas el 11 de febrero de 2014 , el portavoz del gobierno afirmaba que «llama la atención constatar que en 2006 había un 19,1% de pobres en nuestro país y que en 2011 hay un 19,1% de pobres». Esta afirmación es incorrecta desde el punto de vista técnico e insultante desde el punto de vista humano. Homs está haciendo pasar por “porcentaje de pobres” lo que en realidad es la “tasa de riesgo a la pobreza”. Hablar de pobres ya es de por sí criticable, pues supone etiquetar a una parte relevante de la población poniendo por delante su situación económica, ni deseada ni deseable, a otras características que, sin duda, son mucho más importantes desde el punto de vista subjetivo. Hablaríamos pues de personas en situación de pobreza y no de pobres.

El indicador referido por Homs es la tasa de riesgo a la pobreza que es el porcentaje de personas que tienen unos ingresos inferiores al umbral de riesgo de pobreza. Dicho umbral se establece en relación a los ingresos del conjunto de la población (es el 60 % de la mediana de la distribución de ingresos, con las correcciones necesarias para ajustar el tamaño del hogar) y, por tanto, a medida que la ciudadanía catalana se ha empobrecido económicamente, el umbral ha bajado. Esto significa que un hogar formado por dos personas adultas y dos niños, que en 2006 ingresara 17.400 euros anuales entre 2006 y 2011, se consideraría por encima del umbral de riesgo de pobreza hasta 2008, año en que el umbral se sitúa en 18.370 euros de ingresos anuales. Sería considerada ” pobre ” para Homs hasta 2011. Dado que en el último año con datos disponibles el umbral cae por debajo de los niveles de 2006 y se sitúa en el mínimo del periodo: 17.169 euros, nuestra hipotética familia, en 2012 volvería a estar por encima del úmbral de pobreza. Sin embargo, no habría mejorado sus condiciones económicas sino que las habría empeorado por el efecto de la inflación.

Utilizando esta tasa de riesgo a la pobreza, que esconde una trampa estadística para mucha gente desconocida, se dejan de lado otros datos que se obtienen de la misma fuente (la Encuesta de Condiciones de Vida) y que no permiten lecturas muy optimistas. Mientras en 2006 , un 43% de los hogares catalanes manifestaban no tener ninguna dificultad para ” llegar a fin de mes”, en 2012 la proporción se había reducido al 38 %. Si el año 2006 eran un 3% los hogares que vivían privaciones materiales severas , el 2012 ya eran un 7,4 %.

Por mucho que se intente transmitir que los problemas son temporales y que todo volverá a su lugar cuando la economía se recupere, la crisis está marcando un antes y un después en la realidad social de nuestro país. No todo el mundo se ha empobrecido de la misma manera: las desigualdades sociales han aumentado fruto de unas políticas públicas estatales y autonómicas que mantienen una perfecta coherencia. En 2006, la renta media del 10% de hogares más ricos de Cataluña era 7,5 veces la renta media del 10% de hogares más pobres. En 2012 ya era 15,4 veces mayor. Y no es de extrañar, ya que los recortes de muchas ayudas que eran básicas para el 10 % más empobrecido ha hecho que el impacto de la crisis sobre las familias más tocadas por la crisis haya sido extremo.

La maquinaria de la exclusión social no se detiene aunque vea brotes verdes. Un mercado laboral que seguirá dejando fuera una parte importante de la población combinado con una mínima protección social vinculada a las cotizaciones a la seguridad social, condenan a la pobreza a una parte de las personas ocupadas ya un creciente grupo de población que no está pudiendo cotizar lo suficiente como para disfrutar de prestaciones de desempleo o pensiones de jubilación. Unas políticas de vivienda orientadas a mantener los privilegios de las élites nos siguen forzando a pagar precios desorbitados para tener un lugar donde vivir y nos exponen a situaciones de alta vulnerabilidad social donde la enfermedad, el desempleo o la vejez, se convierten en factores desencadenantes de exclusión residencial. Y unas políticas migratorias populistas y xenófobas sentencian a cientos de miles de personas a la exclusión institucionalizada ya la constante clandestinidad.

“Poner a los pobres a trabajar”

El panorama laboral contrasta con la obsesión de los dirigentes políticos por “poner a los pobres a trabajar” . Se apela a la ética del trabajo y del esfuerzo para diferenciar entre los ” buenos pobres “, aquellos que “quieren trabajar” , y los ” malos pobres”, o los ” aprovechados ” del sistema de protección social. La ética del trabajo es muy útil para atribuir la exclusión social a factores individuales descargando de responsabilidad a las instituciones.

Atribuir la pobreza extrema a factores individuales permite justificar medidas y discursos políticos que reducen derechos sociales en programas sometidos a la arbitrariedad política y administrativa. La “reforma” del Programa Interdepartamental de Renta Mínima de Inserción (PIRMI) que llevó a cabo la Generalitat de Catalunya en verano de 2011 es un claro ejemplo de confrontación entre la realidad del trabajo diario de los profesionales de los servicios sociales y la ideología del workfare que impregna el proyecto político de la derecha catalana. El PIRMI nació con la finalidad de ofrecer una renta mínima a los hogares sin ingresos de manera temporal y a condición del cumplimiento de un plan de trabajo orientado a la inserción laboral. A efectos prácticos sin embargo, el pago de la renta mínima se prolongaba en el tiempo y constituía la única fuente de ingresos de hogares en una situación de pobreza severa.

En agosto de ese año, la administración catalana dejó de pagar las rentas mínimas de inserción por transferencia bancaria , cambiando la modalidad de pago por la entrega de un cheque y “revisando” los casos uno por uno para evitar hipotéticos fraudes. Los consellers de bienestar y familia y de empleo argumentaron que era necesario una reforma en profundidad del programa por su fracaso en la inserción de los beneficiarios en el mercado laboral y por el “mal uso que se estaba haciendo”, afirmando sin ningún pudor que había un número indeterminado de familias beneficiarias que tenían otros ingresos “en negro” y otros que eran de nacionalidad extranjera y que habían regresado a sus países de origen perdiendo el derecho a la prestación. Sin un estudio exhaustivo ni un análisis de las irregularidades, los cambios llevados a cabo este agosto no tienen más justificación que la ideológica. Las anécdotas que los consejeros pusieron sobre la mesa en su comparecencia en el Parlamento no hacen más que evidenciar los prejuicios y la visión sesgada que estos individuos tienen de la realidad diaria de las familias atendidas por los servicios sociales.

De qué sirve mencionar situaciones concretas de beneficiarios con ” pagos a canal + o Gol TV” ? ¿Qué relevancia puede tener para luchar contra la picaresca que el 42 % de las personas perceptoras sean de origen extranjero? Los “ejemplos” del consejero Mena sólo pretendían justificar la intervención ante su electorado, una clase media cargada de ideas preconcebidas sobre la pobreza que vive en el convencimiento de que nunca tendrá que recurrir a los servicios sociales. Y es que las políticas de lucha contra la pobreza son poco rentables desde el punto de vista electoral. Las personas socialmente más vulnerables son relativamente pocas, con redes sociales frágiles y sin capacidad de respuesta política o mediática . Si la crisis ofrece la oportunidad para recortar lo que parecía intocable , como la sanidad o la educación, las políticas orientadas a los sectores invisibles de la sociedad son perfectamente susceptibles de ser barridas sin atender en absoluto a los dramas humanos que hay detrás ya la responsabilidad colectiva para con las profundas desigualdades que genera nuestro sistema de relaciones sociales.

Con la imagen de la pobreza ” aprovechada” y ruin bien instalada en el imaginario colectivo, ahora también nos quieren hacer creer que las personas desempleadas lo están por comodidad. La ofensiva en este sentido ya se está preparando con los múltiples programas de fomento de la emprendeduría y con las llamadas a la creatividad, a reinventarse, a crear el propio puesto de trabajo sin “esperar a que te lo ofrezcan”. Pronto el desempleo también será un problema individual . El resultado de tener poco talento , poca creatividad y de no estar dispuestos y dispuestas a reinventarnos. Y si el paro se culpa de cada uno … para que pagar subsidios y prestaciones ?

El delito de ser pobre

La reacción de los Estados al incremento de la marginalidad al que nos abocan las políticas neoliberales consiste en acentuar su carácter punitivo . El nuevo rol del Estado hacia la exclusión se vehicula a través del sistema penal y de una profunda transformación de las políticas sociales . Recuperando los discursos liberales más clásicos, se condicionan las ayudas sociales a la sumisión a la lógica del trabajo precario, que mantiene a las personas en la pobreza pero que les proporciona un salario de subsistencia sustitutivo de las prestaciones sociales, mientras las mantiene ocupadas y temerosas de perder el trabajo.

Los miedos y las inseguridades inseguridades vinculadas a la precariedad en la que nos toca vivir son asumidas como inevitables por las élites políticas y los debates se centran en otros miedos, más tangibles pero empíricamente nada fundamentadas, que avalan el populismo punitivo. La competición para demostrar mano dura en las temáticas de debate son el incivismo y la inseguridad y las propuestas que triunfan son el endurecimiento de penas y sanciones y la intensificación de la presencia policial en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Una de las consecuencias es el acoso penal y policial a colectivos tan diversos como las personas sin hogar, las prostitutas de la calle, los pequeños traficantes de drogas o los vendedores ambulantes, clasificados juntos en el saco de los excluidos que no quieren seguir caminos de inserción. La finalidad de estas políticas municipales es acabar con los usos del espacio público que no se ajustan a las actividades convencionales. Esta tendencia se explica en parte por la subordinación del espacio público a los intereses privados del comercio y de las empresas turísticas. Ordenanzas de civismo como la de Barcelona, que permiten que se multe a personas por dormir en la vía pública, no sólo atentan contra la libertad de las personas sin techo sino que subordinan el espacio público a la actividad económica privada.

Las políticas de mano dura y de “tolerancia cero” con la delincuencia se han materializado en un uso cada vez más intensivo de la reclusión penitenciaria como pena. Siguiendo la estela del punitivismo anglosajón la mayoría de países europeos llevan dos décadas de crecimiento de la población penitenciaria, siendo el Estado español y el Reino Unido los que encabezan el lamentable ranking en Europa Occidental. Las personas que encontramos en estas prisiones cada vez más concurridas no se corresponden ni mucho menos a la imagen que tiene la opinión pública. Las cárceles españolas no están llenas de violentos asesinos o de delincuentes sexuales en serie. En 2012, el 63% cumplía condena por delitos contra el patrimonio o contra la salud pública (robos y tráfico de drogas). Por el contrario, los delitos que a menudo se utilizan en la demagogia punitiva son claramente minoritarios: sólo un 6,3% de las personas reclusas han sido condenadas por homicidio (incluyendo formas como la tentativa) y un 5,5% por delitos contra la liberado sexual.

Más en El delito de ser pobre, publicado por Icaria editorial. 

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This entry was posted on Abril 23, 2014 by in Exclusió social i pobresa and tagged , , , .
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