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Albert Sales

Trabajo, relaciones laborales y consumo: de la economía real a la economía especulativa

Capítulo del libro Cambio social y cooperación en el siglo XXI (vol. 2) publicado por la Universitat de Barcelona (UB) y Educo.

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Al analizar los primeros compases de la modernización de las sociedades europeas, Max Webber concluyó que el nacimiento del capitalismo se materializa con la separación entre hogar y actividad económica. En tiempos pre-capitalistas, el hogar comprendía tanto las paredes entre las que se desarrollaba la vida familiar como el taller o la granja adyacentes en los que los miembros de la familia realizaban labores necesarias para la supervivencia. Al mismo tiempo, el hogar se relacionaba con otras instituciones sociales, como el vecindario, la parroquia o el gremio, a través de un conjunto de normas, usos y costumbres sociales. En este complejo entramado de relaciones, las familias encontraban las normas que definían la práctica totalidad de las actividades necesarias para la reproducción y supervivencia de la sociedad.

post_publicacion2_mediumCuando la “actividad económica” rompió sus lazos con el hogar se produjo una separación que la liberó de ataduras morales y éticas vinculadas a las relaciones familiares. La “conquista” de esta nueva libertad permitió a las élites que dominan la actividad mercantil generar un nuevo sistema de normas y reglas articulado alrededor del cálculo racional de pérdidas y beneficios. La separación de la actividad económica y el hogar junto con la clara distinción entre propietarios de los medios de producción y clase proletaria identificada por Marx, definieron el despegue del capitalismo e influyeron de manera determinante en la forma de ver el mundo económico y social de los padres de las ciencias sociales (Bauman, 2008).

Este primer capitalismo se caracteriza por la explotación sin límites de trabajadores y trabajadoras que desarrollan sus extensas jornadas laborales en fábricas insalubres viviendo situaciones de miseria extrema, hasta que las conquistas del movimiento obrero en todas sus facetas y tradiciones convierten la segunda mitad del siglo XIX en una época de restricciones. El reconocimiento de la legitimidad de la lucha y de la articulación política de los obreros y las obreras a través de los sindicatos abre un proceso de regulación y de limitación de la actividad empresarial que se plasma en legislaciones de los Estados nacionales y que alcanza su máxima expresión en las potencias capitalistas con el consenso posterior a la Segunda Guerra Mundial en el que los Estados del Bienestar extienden los derechos políticos y generan nuevos derechos sociales para gran parte de la ciudadanía.

En nuestros días, la globalización y la transnacionalización de la actividad empresarial han permitido al capital liberarse de las restricciones impuestas por los Estados nacionales. En palabras de Zygmunt Bauman (2002) presenciamos la “Gran Secesión, segunda parte”, en la que los nuevos actores que materializan el poder del capital, las Empresas Transnacionales (ETN), están configurando a su antojo un entramado de normas y de relaciones nuevo, librándose de ataduras éticas y morales vinculadas a un territorio concreto y aprovechando de nuevo el territorio de nadie donde la brújula para orientar las decisiones es el cálculo racional de los beneficios.

Lejos de pensar que se trata de un paso más en el devenir de la historia, la globalización y la conquista del espacio supranacional por parte de las ETN se debe a decisiones políticas y a la imposición ideológica del proyecto neoliberal por parte de las mismas élites que se benefician de forma ilimitada de la libertad de movimientos y de la asepsia moral y ética de las relaciones empresariales globales. Cuando se explica la historia de las contrareformas neoliberales se suele empezar el relato en los gobiernos Tatcher y Reagan. Sin duda, la coincidencia en el tiempo de estos dos líderes liberales conservadores en el Reino Unido y en los Estados Unidos sirvió de catalizador para la imposición ideológica del neoliberalismo en el centro del sistema económico internacional pero el primer experimento neoliberal requiere de un golpe de estado militar y de una dictadura sangrienta para obligar a la población a aceptar unas medidas que de otro modo hubieran sido imposibles de imponer. En 1973, cuando el gobierno de Salvador Allende, elegido democráticamente por el pueblo chileno, empieza a aplicar su programa de nacionalización de las principales industrias del país (entre las cuales destacaba la compañía telefónica controlada por la empresa estadounidense ITT) se produce el golpe militar del General Pinochet. Después de una represión genocida que elimina físicamente gran parte de la izquierda chilena, el gobierno del dictador pone en práctica el programa neoliberal diseñado por sus asesores, todos ellos Chicago Boys, discípulos de Milton Friedman. El documento, conocido como “El Ladrillo”, es una hoja de ruta basada en la privatización de los servicios públicos, la eliminación de las prestaciones sociales y la reducción a la mínima expresión de la capacidad de negociación de los y las trabajadoras. Al cabo de un año, Chile registraba la inflación más alta del mundo y las tasas de pobreza se habían disparado (Klein, 2008). Los ajustes neoliberales de economías nacionales a través de las armas y el terror se suceden durante los 70. En la Argentina de Videla, en el Uruguay de la Junta de Generales, en la Indonesia de Suharto… Siempre justificando las crueles acciones de control social y exterminio físico de la resistencia a través del miedo al supuesto enemigo del progreso: el marxismo. Y siempre beneficiando a las élites locales y a las empresas transnacionales, mayoritariamente estadounidenses.

La imposición del neoliberalismo como doctrina económica única implica asumir una serie de axiomas que nos llevan a confundir decisiones políticas con soluciones técnicas. Curiosamente, estas soluciones, calificadas por lo general como “las únicas medidas posibles” benefician a las empresas transnacionales y los grandes capitales dejando en la cuneta otras formas de producción y perjudicando a las clases populares que se ven obligadas a aceptar el mal menor para no ser víctimas del temido desempleo o de la pobreza.

La aplicación de las recetas neoliberales y la asunción del nuevo “sentido común” económico global configura un entorno hecho a la medida de las empresas transnacionales que, a partir de los 80 experimentan una poderosa expansión de su poder y de sus beneficios. De forma resumida, podríamos identificar tres vías a través de las cuales el capital recupera su capacidad de acumulación. En primer lugar, la reducción de los costes laborales a través de la erosión de la capacidad de negociación de las personas trabajadoras frente al poder patronal. La imposición del libre comercio somete a la clase trabajadora internacional a una competencia global por los puestos de trabajo existentes y pone a competir los mercados laborales nacionales para ofrecer las condiciones más favorables a la inversión extranjera. En segundo lugar, la posibilidad de conseguir grandes beneficios a través de la especulación brindada por la desregulación de los mercados financieros. En pocos años, surgen infinidad de sofisticados productos financieros que permiten que la inversión cortoplacista y no productiva sea mucho más atractiva que la inversión productiva. Por último, la apropiación de sectores creados por la iniciativa pública y la irrupción en nuevos “negocios” que se habían mantenido durante la historia anterior del capitalismo en manos públicas para evitar fallos de mercado.

El mercado laboral global

En el terreno laboral, el chantaje de las ETN es constante. Aunque los ciudadanos y las ciudadanas celebren la apertura de nuevas fábricas, centros de logística o grandes superficies comerciales, por los puestos de trabajo que supuestamente generan, el saldo neto entre creación y destrucción de empleos no suele beneficiar a las comunidades cercanas. Sirva como ejemplo la actividad comercial. Durante el ciclo expansivo previo a la crisis, se calculaba que en el Estado español se cerraban a diario 11 pequeños comercios de alimentación. Se estima que mientras el año 1998 en el estado español había 95.000 tiendas (comercios de menos de 800 metros cuadrados independientes de cadenas y franquicias), en 2004 el número se había reducido a 25.000. En estos seis años pues, han desaparecido 70.000 negocios (Encuesta anual de comercio 2005. Instituto Nacional de Estadística, en www.ine.es a 1 de enero de 2009). Con estos datos en la mano sería conveniente, al menos, poner en cuestión que el saldo en la creación de empleo atribuido a la apertura de grandes superficies sea positivo. Todo ello sin entrar en el debate de la calidad de los puestos de trabajo creados.

Si los sistemas de distribución comercial de las ETN presentan un buen ejemplo del chantaje en el que sociedades y estados se ven inmersos para generar puestos de trabajo, la perspectiva neoliberal de las cadenas de producción globales no es menos tramposa. En los años 70 y, sobretodo, a partir de la década de los 80, las grandes corporaciones dedicadas a producir bienes de consumo, como ropa o automóviles inician las primeras grandes olas de deslocalización de la producción.

La deslocalización de la producción de ropa en países económicamente empobrecidos se aceleró en los años 90, momento en el que se consolidó un modelo de negocio caracterizado por la subcontratación de proveedores. Las grandes marcas, que en el pasado producían su propia ropa, pasan a ser empresas que diseñan, distribuyen y comercializan prendas fabricadas en todo el mundo, en talleres y fábricas que son propiedad de terceros. Para competir en este sistema, que externaliza los costes laborales en países con mano de obra barata, las pequeñas firmas de moda también se asocian y adoptan el mismo modelo de negocio.

La primera gran oleada de deslocalizaciones del sector de la confección tuvo lugar en los 70 y tuvo como países receptores Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Hong Kong y Túnez. La entrada de ropa barata en los mercados occidentales motivó que en 1974 se firmara el Acuerdo Multifibras (AMF), que establecía un sistema de cuotas y límites. Lejos de suponer una limitación a la globalización de la moda, la AMF provocó que las firmas internacionales buscaran proveedores en otros países que no estuvieran incluidos en el sistema de cuotas. En los años 80, una segunda oleada deslocalizadora abandona los ‘tigres asiáticos’ y se desplaza a países como Sri Lanka, Filipinas, Bangladesh, Tailandia e Indonesia. Mientras América Central y México es convertían en áreas clave para proveer de ropa las tiendas estadounidenses, Turquía, Túnez y Marruecos se convierten en los talleres de costura del mercado europeo. A finales de los 90, entran en escena otros países productores como Botswana, Kenia, Tanzania, Uganda, Camboya, Laos o Birmania.

Los últimos países elegidos en la periferia se caracterizan además por un patrón común: están fuertemente endeudados con la banca privada y con el FMI y el BM, que les ha impuesto planes de ajuste encaminados orientados a la exportación y la mejora de la competitividad. Es decir, de una mayor explotación. La industria de la moda, además, impide el desarrollo: se les encarga la parte con menor valor añadido del mercado legal, se les impone un sistema de acuerdos internacionales donde siempre son los débiles y el movimiento obrero debe enfrentarse constantemente a la amenaza de la deslocalización.

Desde mediados de los 90 numerosas plataformas y organizaciones sociales vienen denunciando la explotación laboral y haciendo frente al silencio mediático que rodea el negocio de la confección textil bajo la globalización. A pesar más de 25 años de trabajo de redes consolidadas como la Campaña Ropa Limpia internacional y de “compromisos” públicos de las grandes firmas internacionales-en reacción a las denuncias realizadas-, hoy nos seguimos encontrando las mismas situaciones que en los 90. La amenaza constante de cierre y de deslocalizaciones y la debilidad de los movimientos obreros en los países productores sigue contribuyendo a que la realidad escondida tras el “glamour” que nos venden deportistas de élite, modelos y diseñadores se quede en Marruecos, en China o Bangladesh.

Para las personas que trabajan en la industria de la confección global, cobrar un salario que permita cubrir sus necesidades con un mínimo de dignidad se ha convertido en su mayor preocupación. En un sector que tradicionalmente se caracteriza por condiciones pésimas y una de las retribuciones salariales más bajas del mundo con consecuencias directas derivadas: largas jornadas de trabajo, desestructuración familiar, asunción de deudas impagables, malnutrición de niños y adultos y, en definitiva, unos costos incuantificables en forma de sufrimiento humano. Todo ello, vulnerando derechos humanos fundamentales-como el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos relativo a una remuneración equitativa y satisfactoria, o las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que afirma que “el salario mínimo legal debería constituir un elemento clave en las políticas para eliminar la pobreza y asegurar las necesidades de las personas trabajadoras y de sus familias”.

No es así. Casi todos los países tienen establecidos salarios mínimos legales pero, con el fin de atraer la inversión extranjera, los gobiernos fijan los mínimos muy por debajo de los niveles de subsistencia. En consecuencia, en algunos países, los salarios mínimos no alcanzan los umbrales de pobreza absoluta internacionalmente aceptados. En Bangladesh no llega a 1 dólar diario, y en la India, Sri Lanka, Vietnam, Pakistán y Camboya, se sitúa entre los 2 y los 4 dólares diarios. Salarios imposibles para a garantizar necesidades básicas como son la alimentación, la vivienda, la ropa y servicios imprescindibles como la educación, la salud o el transporte.

La carestía de la vida se ha agravado, además, bajo un contexto de subida de precios de los productos básicos que ha mermado el poder adquisitivo. Más aún cuando buena parte de los salarios está destinado a la alimentación. Una trabajadora de Indonesia que trabajaba para un proveedor de Nike, Reebok y Walmart comentaba en una entrevista realizada en 2009: “Hay aumentos del salario mínimo, pero el coste de la vida aumenta más rápido. Para empeorar la situación, desde hace poco, la empresa ya no nos subvenciona el transporte ni la comida “. En Bangalore, India, hay un sistema trianual de revisión salarial pero el salario real ha disminuido un 10% en los últimos 15 años. En Tailandia, los salarios aumentaron únicamente 18 bath (38 céntimos de euro) entre 1997 y 2005. En Vietnam y China los sueldos estuvieron congelados durante más de una década.

La peor situación, en este sentido, es la de Bangladesh, donde el salario mínimo fue el mismo entre 1994 y 2006, mientras que el coste de la vida aumentaba una media del 5% anual. Sólo después de grandes movilizaciones, los trabajadores lograron que en 2006 se pasara de un salario mínimo de 900 taka a 1.662,50 taka al mes (€ 16,60 o 24,30 dólares aproximadamente). La triplicación del precio del arroz registrada en 2008 inutilizó, sin embargo, este incremento y generó una nueva ola de movilizaciones fuertemente represaliada. Doble impacto tiene esta sobre las mujeres trabajadoras que son las que sufren las peores consecuencias según la misma OIT: “salarios bajos, más horas de trabajo, frecuentemente temporal y en negro, prolongando aún más sus largas jornadas laborales”.

Jornadas que, en la industria de la confección se alargan hasta las 12 o 14 horas diarias. Algunos fabricantes incluso encadenan varios turnos en momentos de mucho trabajo o para hacer frente a plazos de entrega muy cortos. Las trabajadoras no pueden negarse porque su salario base no es suficiente para cubrir las necesidades más básicas y para mantener una familia. Extorsionando la pobreza, las trabajadoras aceptan la sobreexplotación, ven dañada su salud, y pierden las posibilidades de formarse, de educar a los hijos, de alcanzar una vida digna. Tras años trabajando en habitaciones pequeñas, mal iluminadas, sin ventilación, respirando polvo y partículas en suspensión y en posiciones corporales inadecuadas mantenidas durante muchas horas, sufren fatiga visual y lesiones y desarrollan numerosas enfermedades. Sin seguro médico ni cobertura o subsidio por baja.

En 2009, una investigación realizada en 12 fábricas textiles de Bangladesh contratadas por marcas holandesas afirmaba que el 76,4% de las personas trabajadoras declaraban que los objetivos de producción eran imposibles dentro del horario habitual. Muchas trabajadoras, al no llegar al objetivo diario establecido por la empresa, eran obligadas a seguir trabajando y acababan saliendo muy tarde de los centros de trabajo. La mayoría de las mujeres cierran la jornada entre las 8 y las 10 de la noche. Sin incorporar que la contabilización de horas extras sólo empieza una vez cumplidos los objetivos de producción.

A pesar de la libertad de asociación y de negociación colectiva son dos derechos fundamentales, establecidos por la OIT y definidos como “derechos habilitantes” (es decir, que su ejercicio es necesario para que otros derechos sean respetados), su defensa y protección es una tarea imposible. Se les niega abiertamente la posibilidad de sindicarse. En muchos de los países productores de ropa, los gobiernos restringen, dificultan e, incluso, prohíben los sindicatos independientes, así como la negociación colectiva. En un contexto de sobreexplotación laboral donde las posibilidades de auto-organizarse también son limitadas. Los empresarios, a su vez, recurren si es necesario a la intimidación, los despidos, las listas negras y, a menudo, a la violencia física. Es práctica extendida la creación de listas compartidas sobre sindicalistas.

A pesar de las trabas, las trabajadoras buscan maneras de organizarse y luchar para mejorar sus condiciones. La Federación Sindical Internacional de Trabajadores/as del Textil, la Confección y el Cuero (ITGLWF por sus siglas en inglés) cuenta con 217 organizaciones afiliadas de 110 países. El contexto internacional de ofensiva neoliberal ha limitado mucho el poder de negociación de los sindicatos. Los empresarios locales disponen de márgenes impuestos muy cortos para aceptar salarios más altos y están sometidos a fuertes presiones de las firmas internacionales. Ante la posibilidad de perder sus beneficios, los empresarios trasladan la presión a las personas trabajadoras. Y la amenaza de la deslocalización y del cierre de los centros de trabajo opera como el argumento más utilizado para fomentar la desmovilización.

Puertas abiertas (de par en par) a la especulación

La financiarización de la economía es, sin duda, la característica más relevante del capitalismo contemporáneo. La capacidad de las grandes empresas de generar acumulación de capital sin necesidad alguna de producir e intercambiar mercancías es fruto de decisiones políticas que se tomaron a partir de los años 70 y que propiciaron la desaparición de los límites a la economía especulativa para facilitar a los grandes capitales la oportunidad de recuperar las tasas de beneficios previas a la Gran Depresión y al marco normativo surgido del tratado de Bretton Woods. Hasta el estallido de la crisis, los grandes triunfadores de los 90 y de los primeros años del siglo XXI fueron los ejecutivos y accionistas de las principales compañías inversoras de Wall Street y de la City de Londres, capaces de poner en circulación miles de millones de dólares y de conseguir poder y beneficios sin ensuciarse las manos con las tediosas relaciones laborales o los procesos de producción.

El desplazamiento de recursos de la “economía real” a la economía especulativa fue posible gracias a las herramientas financieras creadas para posibilitar el “apalancamiento1”, o la inversión mediante el crédito y el endeudamiento. La desregulación de la actividad financiera, que veremos con más detalle a continuación, ha permitido que los inversores “jugaran” en el casino de la especulación con dinero que no tenían. ¿Por qué me voy a limitar a invertir 1.000 dólares en un “negocio seguro” que me reportará un rendimiento de 120 dólares al cabo de un año? Con acceso ilimitado al crédito puedo solicitar 1 millón de dólares, conseguir 120.000 dólares, devolver el crédito, pagar el servició de la deuda y obtener suculentos beneficios sin necesidad de emprender ningún negocio que me obligue una inversión estable o a atarme a un territorio o unos trabajadores y trabajadoras. El sistema se sostiene siempre que la tendencia sea alcista o, dicho de otro modo, todos los jugadores mantengan sus apuestas. En el momento en que los negocios, bienes inmobiliarios o títulos de propiedad sobre los cuales se ha invertido en primera instancia, dan síntomas de depreciación, el estallido de la burbuja y la consecuente crisis esta servida. Los inversores venden activos, su precio disminuye, cunde el pánico y más inversores intentan reunir efectivo vendiendo activos. Los riesgos de este tipo de negocios son evidentes y, para limitarlos, había ciertos mecanismos que fueron desarmados progresivamente durante los 80 y 90.

Hasta 1988, los bancos comeciales y los bancos de inversión debían mantenerse separados. Sobre el papel, un banco comercial es una entidad financiera que canaliza el ahorra para conceder créditos a personas o empresas. Antes de facilitar un crédito, el banco evalúa los riesgos de la inversión para conseguir las máximas garantías de retorno y, posteriormente, cobra un interés al solicitante por el servicio de la deuda. Un banco de inversión se dedica a hacer negocios con títulos de deuda de grandes empresas, gobiernos y mediante la compra y venta de valores en los mercados financieros y en las bolsas de todo el mundo. Después de la experiencia del crac del 29, y del contagio a todo el sistema financiero de la deriva especulativa de los inversionistas, el gobierno de los Estados Unidos presidido por Roosevelt, estableció la separación de los bancos de inversión de los bancos comerciales mediante la Ley Glass-Steagal. Mediante esta separación, los bancos comerciales, obligados a mantener unos depósitos de capital mínimos equivalentes al 8% de sus inversiones, no sometían los capitales procedentes de los pequeños ahorradores a riesgos fuera de su control.

Los bancos estadounidenses, tras una fuerte campaña de presiones, lograron relajar las disposiciones de la Ley Glass-Steagall y 1988 Citicorp (banco comercial) y Travelers Group (entidad de inversión) se fusionaron para crear el Citigroup transgrediendo la ilegalidad vigente. En un primer momento, lograron condescendencia de la Reserva Federal. No debe ser tan difícil saltarse la ley si una corporación obtiene el beneplácito de Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal, Robert Rubin, secretario del Tesoro y antiguo copresidente de Goldman Sachs, y de Bill Clinton. La industria financiera gastó 300 millones de dólares en lobbies y repartió más de 150 millones en aportaciones a campañas electorales para lograr que el Congreso y el Senado dejaran sin efecto la Ley Glass-Steagall (George, 2010)2.

A partir de este punto, las corporaciones financieras conectaron sus negocios para crear productos cada vez más complejos en los que se empaquetaba deuda de todo tipo, y muy a menudo hipotecaria, que se ofrecía a inversores institucionales, a empresas, a particulares, con el nombre genérico de “vehículos” de inversión. Estos vehículos dispersaban el riesgo. En el negocio bancario ya no era esencial la evaluación de las posibilidades de retorno de un préstamo porque el riesgo se repartía entre inversionistas que, podrían ser ciudadanos y ciudadanas que sin saberlo estaban participando del juego mediante sus depósitos en su “entidad bancaria de toda la vida” o mediante los fondos destinados a su jubilación.

A por el pastel del sector público

La tercera forma de recuperar las tasas de beneficio empresarial ha sido recuperar el control sobre sectores productivos que, durante décadas, han estado apartados de los mercados y de los capitales privados. Los think tanks neoliberales han difundido entre los decisores públicos de todo el mundo los dogmas de fe de la nueva gestión pública y de la privatización como solución a las ineficiencias de un sector público que, a su entender, ha llegado a ser sobredimensionado.

Dejar un ámbito tan imprescindible para la ciudadanía como la sanidad en manos del sector público no es concebible para los defensores del proyecto neoliberal del estado mínimo. Pero durante las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, tanto los Estados del Bienestar de corte keynesianos como otros países con proyectos desarrollistas crean sistemas de sanidad de titularidad pública con el objetivo de hacer llegar la atención médica a toda su población. El pueblo de Chile, por poner un ejemplo, disfrutó de un sistema nacional de salud de cobertura universal y acceso gratuïto, financiado a partir de los presupuestos generales del estado, entre 1952 y 1981. El sistema de sanidad Chileno, al no estar centrado en la figura del trabajadora que cotiza a la caja de la seguridad social, tenía un nivel de cobertura, sobre el papel, más amplio que muchos de los sistemas europeos.

En 1981, la dictadura del general Pinochet dividió al sistema de salud, redujo drásticamente el gasto público y creo los Institutos de Salud Previsional (ISAPRE), compañías aseguradoras privadas (algunas de ellas són filiales de las Health Maintenance Organizations o HMO de los EEUU) que reciben la cuota de financiación, un 7% del salario, que el Estado impone a los trabajadores a través del Fondo Nacional de Salud (FONASA). El trabajador o trabajadoras puede elegir su ISAPRE que ofrece diferentes productos en función del tamaño de la familia, la cuantía de la contribución. La persona titular de una póliza de seguro puede completar su cobertura completando el pago. Si los trabajadores y las trabajadoras que no contratan una ISAPRE, o las personas que no tienen un empleo formal, necesitan atención médica pueden acudir a un médico privado. Se cálcula que estas aseguradoras han obtenido tasas de rentabilidad del 20% gracias a la selección de clientes que deja sin cobertura médica a los colectivos con mayores riesgos sanitarios (Homedes y Hugalde, 2002).

El abandono por parte del estado de los servicios públicos y, por ende, de su rol benefactor refleja también un cambio sustancial en la función que los ciudadanos y las ciudadanas de los Estados del centro del sistema desempeñan en el capitalismo global. Ya no es necesario mantener la demanda agregada de artículos de consumo, puesto que la liberalización comercial incorpora a nuevas multitudes al consumo masivo y existen negocios tanto o más suculentos que la producción industrial en los mercados financieros. Al mismo tiempo, erosionar la red de seguridad pública que garantiza unos mínimos estándares de vida a las personas expulsadas del mercado laboral conlleva destruir la capacidad de los individuos de exigir condiciones de trabajo dignas.

La imposición del proyecto neoliberal ha cambiado profundamente nuestra relación con el mercado laboral. La función del Estado de proveer fuerza de trabajo y una legión de consumidores y consumidoras a la economía industrial ha perdido sentido. Incluso en momentos de fuerte crecimiento económico, el pleno empleo ha pasado a ser una quimera inalcanzable pero, sin embargo, seguimos obligados a realizarnos, definir-nos y dignificarnos a través del trabajo. La ética del trabajo que, en los primeros compases del capitalismo, pretendía convencer a los campesinos de la conveniencia de asumir sus “obligaciones” como proletariado industrial, ha cambiado de función en las sociedades de consumidores y consumidoras. Hoy, la ética del trabajo, sirve para diferenciar a los “buenos pobres” de los “malos pobres” (Wacquant, 2010). A aquellos que merecen la atención de unos servicios públicos en claro retroceso de los que deben su mala situación a sus defectos y vicios personales. Así, la pobreza, que se resiste a desaparecer a pesar del avance tecnológico y productivo de la sociedad, encuentra su justificación.

Los servicios sociales y el apoyo a personas y familias que prestaba el Estado benefactor, que han tenido como objetivo la inserción laboral de la población desempleada y garantizar la demanda agregada, resultaban una inversión sensata en el marco del capitalismo industrial. Al perder la fuerza de trabajo su centralidad los Estados del Bienestar pierden también su razón de existir y se presentan ante una sociedad cada vez más individualista como un derroche anacrónico de recursos (Bauman, 1999). Esta percepción está justificando las decisiones políticas que ponen en manos del capital empresas e infraestructuras creadas gracias al esfuerzo del sector público y de las aportaciones de los pueblos. También son decisiones políticas las que abren el espacio financiero a la especulación, como son decisiones políticas las que destruyen la capacidad de limitar los movimientos de mercancías y capitales sometiendo a la clase trabajadora a una competición internacional en la que “gana” el mercado laboral en el que la capacidad de negociación de trabajadores y trabajadoras se ve más mermada. La actual crisis (que a estas alturas ja debe ser considerada una depresión en toda regla), ha constituido la “Tormenta perfecta” (Ramonet, 2009) para acelerar el proceso de implementación de las recetas políticas neoliberales.

En las últimas décadas de contrareforma neoliberal se ha conseguido fragmentar las luchas de las mayorías sociales contraponiendo los intereses de las trabajadoras y los trabajadores del Sur con los del proletariado industrial del norte y enfrentando las necesidades de los países consumidores con las de los países productores. La gran recesión de las economías centrales debe armar de argumentos a los colectivos que proponen alternativas de producción, de consumo y de relaciones humanas para mostrar que las recetas del neoliberalismo están orientadas a facilitar la acumulación de capital por parte de las élites globales en contra de los pueblos y las mayorías sociales.

Referencias bibliográficas

Bauman, Zygmunt; (1999) Trabajo, consumismo y nuevos pobres. Barcelona: Ed Gedisa. Sociología.

Bauman, Z (2008): La sociedad sitiada. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

George, S (2010): Sus crisis, nuestras soluciones. Barcelona: Icària.

Goetz SL; Rupasinga A (2006): “Wal-Mart and Social Capital”. American Journal of Agricultural Economics. Vol. 88, pp 1340-1310.

Homedes, N; Ugalde, A (2002): “Privatización de los servicios de salud: las experiencias de Chile y Costa Rica”. Gaceta Sanitaria, 16, pp 52-62.

Klein, N (2007): La doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre. Barcelona: Paidós.

La Trobe H (2002): Local food, future directions. London: Friends of the Earth.

Ramonet, I (2009): La catástrofe perfecta: crisis del siglo y refundación del povernir. Barcelona: Icària.

Wacquant, Loïc. (2010): Las dos caras de un gueto. La construcción de un concepto sociológico. Barcelona: Siglo XXI.

1Se puede leer una explicación didàctica, apta para todos los públicos, cómo funcionan las herramientas de apalancamiento en el volúmen de Susan George (2010) Sus crisis, nuestras soluciones, pp. 38 a la 55.

2Pocos dias después de la derogación de la Ley Glass-Steagall, Robert Rubin aceptó un puesto directivo en Citigroup y dejo su puesto como secretario del Tesoro.

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This entry was posted on Novembre 18, 2013 by in (i)RSC, Empreses transnacionals, Filosofant and tagged , , , , , .
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