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Albert Sales

¡A la cárcel con ellos!

Los discursos públicos sobre el funcionamiento del sistema penal y de las fuerzas de seguridad del estado nos podrían llevar a pensar que nos rodean miles de seres peligrosos que pretenden apoderarse de lo que es nuestro o agredirnos de forma brutal y gratuita. Para tertulianos y políticos de diversidad de colores, las múltiples formas de violencia y crimen que se dan cita en las calles de nuestras ciudades requieren una mano dura y una “tolerancia cero” que se traduce en mayor presencia policial y en un endurecimiento de las medidas penales en general y del código penal en particular. Todo ello para evitar que los delincuentes “entren (a la cárcel) por una puerta y salgan por la otra” y para garantizar un supuesto marco de convivencia cuya única amenaza parece ser la acción descontrolada de peligrosos malhechores. En la arena política y en los medios de desinformación masiva el debate suele articularse alrededor de la conveniencia de aumentar la severidad de las penas o de aumentarla

Uno de estos individuos que con sus fechorías constituyen una amenaza para la ciudadanía de bien es David Reboredo. Nacido en tierras gallegas hace 43 años, David estuvo enganchado a la heroína hasta hace diez años. A pesar de un par de recaídas, hace más de tres años que no consume drogas y trabaja en la atención a personas con toxicomanías y portadoras del VIH. El 11 de diciembre entró en prisión. Había sido detenido con 100 miligramos de heroína en 2006 y con 300 miligramos en 2009.

El mismo día que Reboredo entraba en el centro penitenciario de A Lama (Pontevedra), cuatro mossos d’escuadra acusados y condenados por la Audiencia de Barcelona por torturar a un ciudadano de nacionalidad rumana en la comisaria de las corts eran indultados por el gobierno de Rajoy que rebajando la pena a dos años lograba que los cuatro policías no tuvieran que pisar la penitenciaría. La coincidencia temporal de ambas noticias desencadenó que el escritor vasco Willy Uribe iniciara una huelga de hambre en la que se mantiene para denunciar el doble rasero de la llamada justicia española y para exigir el indulto para Reboredo, al que no conocía de nada antes de empezar su protesta.

Este doble rasero se muestra en todo su esplendor en la utilización arbitraria de la figura del indulto, de la que se han beneficiado personajes como el ex-general Galido o los responsables del accidente del Yak-42. Pero está también presente a lo largo y ancho de todo el sistema penal. En el Estado español, sin aumento alguno de la delincuencia y de la victimización, la población penitenciaria pasó de 41.903 personas en 1996 a 76.079 personas en 2009, alcanzando una tasa de población reclusa de 166 personas en la cárcel por cada 100.000 habitantes, la segunda más alta de la Unión Europea después de Polonia. Ocupan estos miles de plazas en las penitenciarías españolas personas de origen más bien humilde con una sobrerepresentación escandalosa de ciudadanía extranjera.

El ministro Gallardon y los mismos que hoy se refieren al código penal como un texto del pasado no adaptado a la realidad delictiva del siglo XXI y que han anunciado su endurecimiento, ya lideraron una reforma del mismo durante el gobierno de Aznar y con Mariano Rajoy como Ministro de Justicia. En 2003, PP aprobó una reforma del código penal con el apoyo del PSOE. Las fuerzas políticas mayoritarias desplegaron una retórica llena de clichés del populismo punitivo importado del otro lado del Atlántico, recordando a la ciudadanía la necesidad de mano dura con las crecientes muestras de violencia urbana y con los delincuentes multirreincidentes, y de hacer frente a los nuevos peligros derivados la inmigración y de la amenaza terrorista. Los socialistas afirmaron que se veían obligados a apoyar la reforma por responsabilidad y por la imperiosa necesidad de luchar contra la inseguridad ciudadana.

La reforma suponía, entre otros cambios, la ampliación de la capacidad de los jueces para decretar prisión preventiva, la incorporación de medidas para promover la “justicia rápida”, introduciendo incentivos para que las personas inculpadas firmaran declaraciones de culpabilidad para evitar trámites judiciales y conseguir beneficios penitenciarios; el aumento de la cuantía penal máxima, que pasaba de los 30 a los 40 años, y condicionaba la concesión del 3er grado al pago efectivo de responsabilidades civiles, lo que introducía un claro elemento de discriminación económica.

¿Cuál es la función de la prisión entonces? En el caso de David, como en el de muchos otros reos, la cárcel significa una ruptura con su proceso de rehabilitación y su inmersión en un entorno de riesgo de recaída para alguien que ha pasado por el infierno de la heroína. Apelar a una supuesta función de inserción social es aquí absurdo y hasta insultante. ¿Se trata entonces de castigar? ¿Por què nuestro sistema se especializa en castigar a “los pobres”?

El padre de David Reboredo, de 81 años, lucha incansable por la libertad de su hijo. Ha puesto en marcha una recogida de firmas electrónicas pidiendo el indulto.

Recomendación bibliogràfica: Wacquant, Loïc (2010) Castigar a los pobres

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2 comments on “¡A la cárcel con ellos!

  1. Loam
    Febrer 9, 2013

    ¡A la cárcel con ellos! ¡Indulto para David!

  2. Retroenllaç: Un sistema penal al servicio de los “nuevos tiempos” | + arguments?

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This entry was posted on Desembre 27, 2012 by in Exclusió social i pobresa and tagged , , , .
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