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Albert Sales

La extensión de los riesgos sociales y el mito de la nueva pobreza

Contenidos para el taller realizado el 24 de agosto en la 3a Universidad de verano de Izquierda Anticapitalista.

La crisis y las políticas adoptadas por el gobierno español y los gobiernos autonómicos han acelerado el proceso de empobrecimiento de gran parte de la ciudadanía de este país. Lejos ya de la pantomima de los brotes verdes y de la absurda negación del pozo económico y social en el que se adentraba el Estado español, parece ser que la clase política empieza a aceptar el incremento substancial de las situaciones de pobreza y exclusión social que, como una epidemia, se extienden entre los hogares de ciudades y pueblos. De manera ingenua o intencionalmente equivocada, los medios de desinformación y los tertulianos instalados en sus platos y estudios radiofónicos hablan de la “nueva pobreza” como si se tratara del resultado del ataque de un monstruo amorfo, anónimo e incontrolable llamado crisis que, como un tsunami, destroza familias y vidas. Para los comentaristas de la actualidad, la “nueva pobreza” afecta a personas que presentan características distintas a las de “los pobres de toda la vida”. Supuestamente, se trata de una pobreza que irrumpe en los hogares de personas con un nivel de estudios alto, con larga experiencia profesional, con pisos “de propiedad”… y que además gozan de todos los privilegios que les otorga la nacionalidad española.

Il·lustració de Miguel Brieva

Con una mezcla de compasión y sorpresa se muestran en televisión la vida cotidiana de hogares con todos sus miembros atrapados en el desempleo, de personas de treinta años cargadas de másteres que no encuentran lugar en un mercado laboral “en reconversión”, o de pensionistas que deben mantener con su jubilación a hijas e hijos regresados al hogar materno después de perder el trabajo asalariado.

Si bien es cierto que la crisis y la destrucción masiva de puestos de trabajo ha acelerado el proceso, no es muy preciso situar la aparición de esta “nueva pobreza” en los tiempos actuales, ni atribuirla a la crisis que padecemos. Los factores de protección que tradicionalmente dejaban buena parte de la población de los países ricos fuera de riesgo de pobreza, hace cerca de tres décadas que van desapareciendo progresivamente. Los estados de bienestar desarrollados tras la Segunda Guerra Mundial generaban unos mecanismos de protección social que debían convertir la pobreza en un problema del pasado. Pero los sistemas de bienestar social nunca lograron erradicar absolutamente la pobreza y algunas bolsas de exclusión social se mantuvieron al margen de la “sociedad de las clases medias” sufriendo las consecuencias de la marginalidad y de la estigmatización.

Instituciones políticas y académicas, explicaron la persistencia de estas bolsade pobreza atribuyendo a los hogares ya las personas afectadas actitudes, valores y maneras de hacer moralmente inaceptables por la sociedad mayoritaria como una fertilidad excesiva, déficits afectivos e incapacidad de formar familias estables, predisposición a la delincuencia, alcholismo y otras adicciones… El mensaje a transmitir era claro: “las personas que hacen lo que no deben caen en situación de pobreza”. En consecuencia, la pobreza que sufrían las minorías étnicas, los vecindarios marginales de las grandes ciudades, o los ciudadanos y las ciudadanas de barrios receptores de inmigración, se debían atribuir a errores, vicios y problemáticas individuales. Y si son las consecuencias de los actos individuales y de las opciones de vida de cada uno las que llevan a la exclusión, las soluciones no pasan por los servicios sociales sino por el castigo de los comportamientos desviados.

Pero incluso en el marco de unos estados del bienestar en pleno desarrollo, movimientos sociales, organizaciones y plataformas diversas ponen de manifiesto las carencias de unos sistemas de protección social orientados a salvaguardar los intereses y la estabilidad de las personas asalariadas, con un trabajo estable y capaces de cotizar a la seguridad social de manera ininterrumpida. Estas personas, en su mayoría hombres, son consideradas objeto de protección debido a una división sexual del trabajo que les atribuye el rol de “breadwinners” (proveedores del sustento material de la familia). Ya desde mediados del siglo XX, se quedan fuera de los sistemas de bienestar las formas familiares no tradicionales, especialmente las encabezadas por una mujer, las personas que no encuentran encaje en el mercado laboral por su baja calificación o por sufrir una salud deficiente o una diversidad funcional y que no gozan de una red familiar de apoyo que les ofrezca los cuidados a los que no han podido acceder cotizando, y las minorías étnicas marginadas de los estilos de vida mayoritarios como parte de los afroamericanos y afroamericanas en los Estados Unidos o buena parte del pueblo gitano en muchos países europeos.

A partir de los años ochenta con el fin de las políticas de pleno empleo y el inicio del retroceso de los estados del bienestar para la imposición ideológica del neoliberalismo, asistimos a una clara extensión de los riesgos de pobreza y de exclusión social. Las formas de familia se diversifican y, por tanto, el número de hogares que no encuentran encaje en un sistema de protección social patriarcal aumenta sustancialmente. Las trayectorias laborales de las personas trabajadoras se fragmentan y los cambios de puesto de trabajo y los periodos de desempleo pasan a ser mucho más frecuentes que la etapa anterior. Los procesos de reconversión industrial expulsan obreras y obreros calificados de las grandes industrias europeas que pasan a ocupar un lugar entre el proletariado de servicios o entre las filas de desempleados de larga duración. Y los salarios reales se estancan haciendo cada vez más imprescindible que los hogares cuenten con dos salarios para subsistir. En definitiva, los factores de protección que alejaban a un grupo importante de la clase trabajadora de la pobreza dejan de ser efectivos. El hiperconsumo propiciado por las sucesivas burbujas especulativas y el desarrollo de las herramientas de endeudamiento compensa la expansión de la inseguridad social a través de la ficción de la sociedad del “low cost” y amplias capas de la población se creen a salvo de caer en situación de pobreza porqué gozan de productos y servicios antes reservados a las élites. Pero tras la fachada de los grandes almacenes atestados de gente, los riesgos se extienden y las posibilidades de hacer planes a largo plazo o de desarrollar proyectos vitales con cierta seguridad desaparecen para el común de los ciudadanos y de las ciudadanas.

Crisis y pobreza

La crisis que supuestamente se inicia en 2007 ha acelerado este proceso a través de la destrucción de puestos de trabajo, del empobrecimiento generalizado de la población y de ser el pretexto para un gran salto adelante en la imposición de las políticas neoliberales de desprotección de la clase trabajadora y de eliminación de la protección social.

El primer impacto de la crisis se lo llevaron las personas inmigrantes. Con una red de apoyo social más débil y unas ocupaciones más inestables, las vidas de las personas inmigrantes son más vulnerables a los altibajos de la economía. Justo antes del estallido de la crisis, el 56% de la población activa de origen extranjero tenía contratos temporales, mientras que entre la población activa autóctona la temporalidad afectaba al 34% de los trabajadores y las trabajadoras. No es de extrañar que hayan sido las recién llegadas las primeras en sufrir la pobreza derivada del deterioro de la situación económica, pues en muchos casos no ha sido necesario ni que fueran despedidas y se han quedado sin trabajo por la no renovación de su contrato. La evolución de las tasas de desempleo reflejan estas diferencias. Si entre las personas de nacionalidad española del 7,6% en 2007 se ha pasado a una tasas del 19,6% en 2011 (según la Encuesta de Población Activa), entre las personas extrangeras no comunitarias, la tasa de desempleo ha crecido del 12,6 al 34,6% en el mismo período.

Esto no ha provocado una “invasión de los servicios sociales” por parte de la población extranjera. Más bien al contrario. En el caso de los recursos destinados a la atención de personas sin hogar, situación extrema de pobreza y exclusión social, la presencia de población inmigrante ha bajado. Mientras en 2008 el 52% de las personas atendidas en sus recursos residenciales eran de origen extranjero no comunitario, en 2011 la proporción de personas no comunitarias había bajado hasta el 38%. Este cambio no responde a una disminución de personas extranjeras en situación de exclusión residencial, por el contrario, en los recursos de baja exigencia, en la calle y los asentamientos, encontramos cada vez más personas no comunitarias en una situación administrativa irregular. Es la falta de documentación la establece una barrera insalvable para iniciar procesos de inclusión social y hace que su situación quede estancada en un limbo jurídico en el que los agentes de exclusión son las propias instituciones incapaces de acompañar itinerarios de inserción laboral o programas de acceso a la vivienda, para los que hace falta un reconocimiento administrativo.

El segundo embate de la crisis, sí ha afectado a las autodenominadas clases medias. En gran parte dificultando el acceso de la gente joven a oportunidades de trabajo y de vida, pero también afectando a muchas personas que gozaban de cierta estabilidad material. El resultado es el incremento de la vulnerabilidad social y de todas las formas de pobreza. Pero a pesar la extensión de los riesgos, no es cierto que la crisis haya conseguido ponernos a todos y a todas más cerca de la pobreza. Las clases dominantes, las que lideran la contra-reforma neoliberal desde mucho antes del estallido de la crisis, siguen beneficiándose de mecanismos de enriquecimiento y salvaguarda de sus privilegios. Así lo indican las ventas de artículos de lujo, en aumento constante, y los indicadores de desigualdad como el coeficiente de GINI que, según Eurostat, en España ha crecido imparable en los últimos cinco años superando el de todos los países vecinos incluidos Grecia, Irlanda o Italia.

La reproducción social de las desigualdades

2.200.000 niños en situación de pobreza en España según UNICEF. Dejando de lado, si es que ello es posible, las consideraciones morales asociadas, la pobreza infantil constituye un problema social de primera magnitud debido a las consecuencias individuales en las personas que la padecen ya la repercusión que tiene sobre la cohesión social. Las sociedades capitalistas legitiman las desigualdades sociales a través del mérito y de la igualdad de oportunidades. Es decir, asumiendo que todas y todos disfrutamos de una posición de salida similar garantizada por la educación pública y unos servicios básicos, disfrutará de mayor riqueza aquel que más talento tenga y más trabaje. Ya es discutible que entre el grueso de la sociedad “normalizada” se cumpla el principio de igualdad de oportunidades, pero la existencia de la pobreza y la exclusión social entre los niños evidencia, sin ningún tipo de discusión, que hay personas que parten con unas desventajas sociales enormes ya desde el nacimiento.

La evidencia empírica señala que la posición socioeconómica de las familias, medida en función del nivel de ingresos y de las credenciales educativas de padre y madre, mantiene una asociación significativa con el rendimiento académico de los niños y con el riesgo de abandono escolar. La calidad de la educación y los niveles de pobreza se retroalimentan convirtiendo así las políticas de lucha contra la exclusión social de la infancia y las políticas educativas en acciones complementarias. Recortar la capacidad de la escuela pública para atender la diversidad y para dar oportunidades a los niños con problemas de aprendizaje que no podrán pagarse un apoyo educativo privado es minar la cohesión social futura y reproducir las desigualdades sociales existentes.

Lucha contra la pobreza o lucha “contra los pobres”

Se habla ahora de políticas de lucha contra la pobreza cuando en realidad se está llevando a cabo una lucha sin cuartel “contra los pobres”. Cada nuevo recorte de prestaciones o incumplimiento de los compromisos adoptados por las administraciones públicas viene acompañado de una estrategia de culpabilización de las víctimas frente al resto de la ciudadanía a la que se pretende convencer de que para mantener ciertas políticas sociales hay que depurar el sistema de elementos parasitarios. Ejemplo de ello es el desmantelamiento del Programa Interdepartamental de Renta Mínima de Inserción en Cataluña, que se inició el verano del 2011 revisando los expedientes y paralizando los pagos sin previo aviso a las personas beneficiarias y que permanece bloqueado a la entrada de nuevas solicitudes desde entonces. Tras el escándalo, los Consellers responsables del programa, comparecieron ante la prensa sin datos concisos pero narrando casos concretos como el del usuario que tenía Canal+, o el del que tenia tres líneas de telefonía móvil. Un año después, aún a la espera de los demandados datos objetivos, los señores Mena y Cleries, responsables de poner bajo sospecha de parasitismo a las personas beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción, no han hablado en ningún momento de los hogares que sufrieron serios retrasos en el pago el verano pasado y que, en consecuencia han visto como se iniciaban procesos de deshaucio contra ellos por impago de alquileres o hipotecas.

En la misma línea, el gobierno ultraconservador español ha llevado a cabo una dura campaña de culpabilización de las personas desempleadas para justificar recortes en las prestaciones por desempleo. Acusar a los trabajadores y trabajadoras jóvenes que viven en el hogar materno de aprovecharse de la prestación de 400€ y afirmar que con el ahorro de la supresión de esta ayuda a quién se encuentre en esta situación se podrán pagar 450€ mensuales a personas con familiares a cargo que “sí necesita” ese apoyo, es un intento de generar división entre las personas más duramente golpeadas por el desempleo atentando contra la autonomía personal e insultando a la inteligencia de la ciudadanía cuando la ministra Báñez afirmó públicamente que los cambios se llevarían a cabo para aumentar la “justicia social” del plan Prepara.

Qué decir de la campaña de la CEOE contra la prestación de desempleo. Según su presidente, el Sr. Rosell, es motivación por encontrar un empleo lo que le falta a la ciudadanía española. En consecuencia, empujar a las personas en paro a la miseria lo antes posible reduciendo el tiempo de prestación dinamizará un mercado laboral que espera nuevos trabajadores y trabajadoras con los brazos abiertos.

La auténtica lucha contra la pobreza debe fijarse como meta prioritaria a corto plazo romper con los tópicos y los prejuicios que enfrentan a las personas en situación de vulnerabilidad social, al mismo tiempo que se pone en evidencia el mito de la escasez de recursos: los recortes sociales son ideológicos, no un imperativo derivado de las circunstancias económicas. Hoy por hoy, España gasta más en deuda pública que en prestaciones por desempleo (28.848 millones de euros frente a 28.805 millones respectivamente). Y, a estas alturas, ha quedado claro que la deuda pública no se origina en el gasto social.

A medio plazo, ante la precarización de la vida de las personas sin ingresos, hay que garantizar que las familias puedan mantener el mismísimo derecho a la supervivencia exigiendo, por ejemplo, suministros (agua, gas y electricidad) gratuitos a los hogares sin ingresos. En el mismo sentido, hay que buscar estrategias que permitan a las personas en paro poder, al menos, salir a la calle a buscarse la vida. La movilidad se está convirtiendo en un lujo gracias al aumento de los precios del transporte público con billetes que alcanzan los 2 euros para el desplazamiento urbano en ciudades como Barcelona.

A largo plazo, los movimientos sociales deben seguir innovando en las propuestas e impulsando la reconquista de los derechos sociales. Ante la constatación cotidiana de que las personas con un empleo viven angustiadas por la sobrecarga de trabajo mientras que la angustia del resto es, precisamente, no tener un puesto de trabajo, tenemos que cuestionar la centralidad del mundo laboral en nuestras vidas. Hay que buscar mecanismos para redistribuir el tiempo de trabajo y la riqueza que genera la sociedad. Luchar contra la pobreza es luchar contra la mercantilización de la cotidianidad. En esta lucha hay que reivindicar la convivencia entre las estrategias de reconquista de lo publico con la construcción de iniciativas comunitarias basadas en la autogestión.

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  1. Retroenllaç: II Jornada sobre Exclusió Social a Vilanova i la Geltrú « + arguments?

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This entry was posted on Agost 27, 2012 by in Exclusió social i pobresa and tagged , , , , , .
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