Ponencia pronunciada el 28 de mayo en la jornada “Cómo la Educación para el Desarrollo contribuye a la coherencia de políticas”, organizada por el grupo de trabajo de Educación para el Desarrollo de la CONGDE en el marco del programa europeo de intercambio DEEEP.
Por: Albert Sales i Campos (Profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra. Coordinador de la Campaña Ropa Limpia en SETEM-Catalunya)
El comercio internacional y el buen vivir
El discurso neoliberal dominante durante los últimos treinta años considera que la integración de los países empobrecidos al sistema de comercio internacional es la única vía para su desarrollo económico. El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la propia OMC han aconsejado, cuando no impuesto, la reorganización de los recursos productivos de estos países a fin de exportar más para conseguir dólares y poder retornar la deuda externa e importar productos manufacturados, bienes tecnológicos y equipamientos. Pero dada la especialización productiva internacional, este tipo de integración supone priorizar la producción de unas pocas materias primas y abrir el mercado interno a los productos y servicios extranjeros. La evolución a la baja de los precios de los productos agrícolas de las últimas décadas ha provocado que el saldo de este intercambio sea más negativo cuanto menos industrializada sea una región. Hasta la fecha pues, el impulso de políticas agroexportadoras o de especialización en manufacturas poco intensivas en tecnología (como la confección) no se han mostrado efectivas a la hora de reducir los índices de pobreza y de mejorar las condiciones de vida de los pueblos del Sur.
Aunque la teoría económica clásica sostiene con vehemencia que, ante una situación de mercados perfectos, potenciar el comercio supone incrementar el bienestar global, son muchas las demostraciones empíricas de que esta relación debe ser puesta en duda y de que los mercados perfectos no existen. De todos modos, no entraremos aquí en el debate sobre la capacidad del comercio internacional per se de ser un motor de desarrollo y de bienestar. Centraremos el análisis en la realidad actual del sistema de comercio internacional, viendo algunos ejemplos que ilustraran la tesis de que la actual cofinguración de las normas que rigen este comercio no tiene como objetivo mejorar el bienestar de los pueblos sino permitir que los actores dominantes del sistema incrementen su capacidad de extraer recursos y beneficios de la actividad comercial a costa del buen vivir de las poblaciones del Sur.
Llegados a este punto y pese a no disponer de tiempo suficiente para explicar la idea en profundidad, es importante resaltar que en muchas ocasiones los indicadores utilizados para medir el desarrollo económico no tienen una relación directa con los niveles de bienestar de las poblaciones de los países. Un incremento del PIB no tiene porqué mejorar el bienestar del campesinado o de las obreras no cualificadas, un aumento de la población ocupada en la industria no significa necesariamente progreso para todos y todas, e incluso un incremento en la renta de las personas no se traduce automáticamente en más bienestar (para muchas familias puede resultar más grato trabajar las propias tierras para el autoconsumo que recibir un salario). De ahí que se haga referencia habitual al término buen vivir.
CASO 1. Liberalización comercial y desarrollo cuestionable: el mercado del algodón
El algodón es un producto agrícola que proporciona materia prima para la industria textil, una de las principales en volumen de negocio y número de personas ocupadas. Se cultiva en más de 100 países y más de 150 lo importan o exportan. Pese a que los países con mayor producción son también los que presentan un mayor consumo, el volumen de comercio internacional supera los 10 millones de toneladas y constituye una proporción cada vez del monto de algodón producido. Mientras que a principios de los 80 el 30% del algodón recolectado tenía como destino el comercio internacional, actualmente la proporción se acerca a la mitad.
Pese a que algunos países industrializados, como es el caso de los EEUU, figuran entre los más importantes productores de algodón, son muchos los países empobrecidos cuyas economías dependen de su exportación. La especialización y, en consecuencia, la dependencia, son especialmente importantes en África. 37 de los 53 países del continente son productores y en siete de ellos, el algodón representa más de un 10% de sus exportaciones. Aunque el volumen de producto comercializado es alto, en lo que a valor monetario se refiere, el algodón representa una parte pequeña del comercio mundial. Según la UNCTAD, en 2005, ocupaba la posición 170 en la lista de valores y representó un 0,11% de las exportaciones mundiales de productos (unos 11.400 millones de dólares).
Desde los países más dependientes del cultivo y la exportación del algodón (Benin, Burkina Faso, Malí y Chad) nació una iniciativa en el seno de la ronda de Doha para frenar los subsidios que los países ricos conceden a sus productores. Los negociadores de estos países atribuían los bajos precios a la competencia desleal del algodón subvencionado y establecían una relación clara y muy estrecha entre la irregularidad y las caídas de los precios y la insostenibilidad de sus programas de reducción de la pobreza.
Pero el doble rasero surgido de las negaciones en el seno de la OMC (por el cual, desaparecen barreras arancelarias pero se mantienen los subsidios a la agricultura en los países ricos) no es el único problema de los productores empobrecidos. Con independencia del precio y de la capacidad comercial, el monocultivo del algodón tiene unas consecuencias sociales y medioambientales devastadoras. En los países productores, la concentración en la propiedad de la tierra hereda las pautas de las épocas coloniales y las plantaciones son grandes empleadoras de peones agrarios en manos de terratenientes y grandes empresas. Las explotaciones de tamaño más reducido y las pequeñas explotaciones familiares están inmersas en un círculo de endeudamiento del que difícilmente podrán salir, dada la irreversible tendencia a la baja de lso precios. Los índices de suicidio entre los agricultores productores de algodón son buena muestra del pozo sin fondo al que han llegado muchas familias. En la región de Virdabha (India), sólo entre julio de 2006 y julio de 2007 se registraron 1.128 suicidios de campesinos. La región produce, además de algodón, soja, naranjas y arroz, y su producción está fuertemente orientada a la exportación. En Sri Lanka, el envenenamiento por ingestión de pesticidas (la vía de suicidio más frecuente entre los agricultores de gran parte de Asia) es la sexta causa de muerte del país, pero en los distritos rurales, con una población total de 2,7 millones de habitantes, supone la primera causa de defunción. En China, el 58% de los suicidios se producen por la ingestión intencionada de pesticidas, y hay más de dos millones de intentos anuales. Y no se trata de un fenómeno que sólo afecte a los países del Sur: en los Estados Unidos también se vivió una plaga de suicidios en el campo durante la crisis de los 80. En general, para las familias campesinas, perder las tierras que habían sido propiedad de sus antepasados no es sólo un golpe económico; también tiene un gran impacto en la definición de estilos de vida, y representa una fuerte pérdida a nivel emocional.
En muchos casos, el endeudamiento ha sido inducido por las empresas de semillas, que han convencido a gobiernos y agricultores de que la modernización del campo, imprescindible para competir en los mercados internacionales, requiere la introducción masiva de las tecnologías de la “revolución verde”. El progresivo descenso de los precios que ha acompañado la liberalización comercial, ha obligado a las explotaciones de todo tipo y de todas las medidas a buscar maneras de incrementar la productividad. Las semillas mejoradas artificialmente (híbridas primero, transgénicas después) permiten un aumento rápido de la producción en las cosechas iniciales, pero generan una fuerte dependencia de los insumos proporcionados por grandes empresas transnacionales. Las nuevas semillas ya no pueden ser conservadas, se han de adquirir y pagar cosecha tras cosecha y, además, requieren el uso de pesticidas y fertilizantes que también hay que adquirir, con toda probabilidad, de las mismas corporaciones que venden las semillas. El incremento de los gastos dificulta el retorno de los prestamos contraídos con entidades bancarias, y una mala cosecha puede representar una condena al fracaso financiero.
Al grave impacto social que ha tenido la liberalización de la venta del algodón y de la adquisición de las tecnologías de la revolución verde, hay que añadir el impacto medioambiental. Cada año se utilizan en todo el mundo más de 2,5 millones de toneladas de pesticidas sintéticos, con un coste aproximado de 32.000 millones de dólares. En el cultivo del algodón se utiliza el 10% del total de los pesticidas usados en l mundo anualmente, y entre un 20 y un 25% de los insecticidias según datos de la Environmental Protection Agency de los EUA.
CASO 2. Liberalización comercial y desarrollo cuestionable: la industria global de la confección
La confección de prendas de vestir es una industria pionera en la deslocalización de los procesos de producción. Pese a que Europa y los EEUU mantenían hasta 2005 algunas medidas proteccionistas ante la importación de ropa de los países asiáticos a través del Acuerdo Multifibras (AMF), el mercado de productos de textiles ha sido el precursor de otros sectores en lo que a internacionalización y liberalización se refiere. El AMF pretendía frenar la entrada masiva de productos baratos procedentes de China y el Sur-Este Asiático en los mercados de Europa y EEUU a través de la imposición de cuotas temporales que desaparecieron en 2005. No obstante, las grandes firmas de moda y de ropa deportiva crearon igualmente potentes redes de proveedores en todo el mundo, reduciendo drásticamente el volumen de producción en las factorías de sus países de origen, sorteando las restricciones a través de la contratación de suministros en países no afectados por el tratado como los del norte de África o Mesoamérica.
Las instrucciones que los países receptores de inversión para la creación de fábricas de confección han recibido por parte de las instituciones económicas internacionales han sido claras. Fabricar para las firmas internacionales supone una entrada de dólares que permitirá comprar bienes en el estrangero y el retorno de la deuda externa por lo que se deben generar las condiciones óptimas para que los inversores instalen sus factorías i talleres. Condiciones que permitan la libre adaptación de los recursos humanos a las necesidades productivas y a través de una regulación laboral escasa o nula y de la ausencia de “conflictividad social” en forma de movimientos sindicales.
Desde los años ochenta, algunos sindicatos, organizaciones y plataformas internacionales como la Campaña Ropa Limpia, denuncian las condiciones de explotación laboral que viven las trabajadoras y los trabajadores de la industria de la confección en las zonas de nueva industrialización. Jornadas laborales de más de 14 horas, salarios de miseria, represión y persecución sindical, atrasos sistemáticos en los pagos de los salarios o el impago de las horas extras, son situaciones que narran de forma reiterada organizaciones de personas trabajadoras de todo el mundo. En un principio, las firmas internacionales declinaron cualquier responsabilidad ante estos abusos argumentando que las prácticas laborales de sus empresas proveedoras no entraban en su campo de actuación. No obstante, la presión y la sucesión de escándalos que ligaban el nombre de grandes firmas deportivas como Nike a casos de explotación infantil obligaron a contestar estas denuncias. Las respuestas se han materializado en las políticas de responsabilidad social empresarial (RSE) que se vienen publicitando desde mediados de los 90. Los gigantes de la moda, como Inditex (empresa propietaria de marcas como Zara, Bershka o Stradivarius, entre otras), The Gap o H&M, disponen de códigos de conducta laborales que establecen los estándares mínimos que se deben cumplir en todas sus fábricas proveedoras. Incluso grandes empresas de distribución no especializadas en moda, como Carrefour, Aldi o Walmart, han hecho públicos sus códigos de conducta. Desde estas corporaciones se argumenta que las deficiencias en las inspecciones de las condiciones de trabajo en los países productores impide que las empresas transnacionales controlen lo que sucede en los centros de trabajo de sus proveedores, y que gracias a los compromisos voluntarios de RSE su producción constituye una vía para incrementar las exportaciones y generar empleo garantizando el respeto de los derechos laborales.
Pero esta argumentación olvida que los enormes beneficios de las firmas internacionales se basa precisamente en la constante amenaza de deslocalización y en la competencia a la que se somete a trabajadores y trabajadoras de todo el mundo para ofrecer los inversores internacionales los costes de producción más bajos y las condiciones comerciales más favorables. Lejos de generar riqueza, las fábricas que se instalan en países empobrecidos realizan una inversión cortoplacista que se aprovecha de situaciones previas de miseria para exprimir a unas trabajadoras que proceden de zonas rurales que sufren las presiones de la agricultura industrial y sucesivas crisis alimentarias. Más de 20 años de RSE no han bastado para mejorar la situación de los obreros y las obreras de la confección. Los salarios constituyen un ejemplo concreto y paradigmático de esta inoperancia y de la falta de interés real por el bienestar de los millones de trabajadores y trabajadoras. El salario medio de una trabajadora de la confección en Asia se sitúa en los 2 dólares por jornada laboral. El país donde se pagan los salarios más bajos es Bangladesh, donde una obrera puede llegar a ingresar unos 34 euros mensuales, si tiene la suerte de que le paguen las horas extra. Aunque los precios en Bangladesh, la India o China, sean más bajos que en Europa o EEUU, organizaciones y sindicatos calculan que el salario que una obrera bengalí debería cobrar para equiparar su capacidad de compra a la de una obrera media occidental se situaría alrededor de los 8 dólares diarios.
Los salarios no son el único atractivo de los grandes exportadores de ropa. Los costes se reducen en todos los ámbitos de la producción. Así, en los últimos años, han muerto 230 personas en incendios de fábricas de confección en Bangladesh. En el último desastre, el 25 de febrero de 2010, 21 personas perdieron la vida en la fábrica “Garib&Garib Sweater Factory” proveedora de, entre otras, la firma sueca H&M. Las fábricas y talleres en los que se producen estos siniestros no reunirían los requisitos mínimos para ser espacios usados para la producción manufacturera en otros países pero para competir en los mercados internacionales hay que ofrecer alguna ventaja comparativa.
Se exige a las fábricas productoras una competitividad basada en la reducción a casi cero de los costes laborales y fiscales y en la capacidad para servir los pedidos de forma rápida y flexible. Para ahorrar costes de almacenaje y para no acumular producto que quizá no tenga el éxito esperado, las firmas de moda, las empresas de ropa deportiva o las grandes cadenas de distribución imponen además unos plazos de entrega cada vez más cortos. Como consecuencia directa, la comercialización de ropa se convierte en un sector dominado por unas pocas empresas transnacionales con miles de fábricas proveedoras que asumen sus draconianas condiciones haciendo pagar los costes reales de esta forma de producir a las trabajadoras y a los trabajadores.
Hemos visto que el potente discurso ideológico neoliberal apoyado por las instituciones financieras internacionales puede llevar a países en clara situación de desventaja a firmar tratados de libre comercio (TLC) en contra de los intereses de sus pueblos. Ésto no sólo responde a las presiones exteriores que puedan recibir los gobernantes de los países empobrecidos, también es resultado de la connivencia entre élites políticas y élites económicas, que en multitud de ocasiones sí van a recibir los beneficios de las exportaciones y de la relación con las empresas transnacionales. Las empresas locales vinculadas con los mercados internacionales suelen gozar de mucha influencia en los gobiernos de los países empobrecidos y ponen todos sus esfuerzos en la firma de nuevos TLC con campañas mediáticas, ejerciendo de lobby e incorporando sus propios técnicos a los equipos negociadores.
En el marco de la OMC se ha constituido una nueva arquitectura jurídica que, claramente, beneficia los intereses de estas élites: lo que se ha venido a llamar la nueva Lex Mercatoria basada en ocho principios.
1. Principio de Trato Nacional: ante la posibilidad de que el país en desventaja proteja sus empresas locales, toda ventaja concedida a los inversores nacionales debe ser extensible a los extrangeros.
2. Principio de ius standi: ante un conflicto entre transnacional y población o administración local, se admite, en contraste con el sistema judicial clásico, el acceso directo de las transnacionales a la instancia arbitral internacional, sin necesidad de agotar los recursos judiciales y administrativos locales.
3. Cláusula de la nación más favorecida: las empresas que inviertan en una país que hay firmado el tratado han de obtener tan buenas condiciones como las establecidas para los países más favorecidos.
4. Requisitos de desempeño: prohibición de que se exijan a los inversores extranjeros contrapartidas destinadas a desarrollar el tejido productivo local (transferencia de tecnologia, utilización de materias primas locales…).
5. Indemnizaciones en caso de expropiación: si una inversión de una transnacional es expropiada, el país que ejecuta esta expropiación debe pagar el coste completo de la inversión más el coste de oportunidad de no desarrollar la actividad en el futuro.
6. Permitir las transferencias libres al exterior con la finalidad de facilitar la repatriación de beneficios, plusvalías, honorarios de consultorias…
7. Se condiciona a los países desfavorecidos a proveerse de servicios del exterior (en muchas ocasiones, pese a no necesitarlos)
8. La adhesión a la OMC supone que se constituya un grupo de trabajo que establece qué sectores deberá liberalizar el país candidato para ser admitido. Por lo general, el grupo de trabajo está formado por los miembros más interesados en dichos sectores y lleva al cadidato a recibir fuertes presiones sobre sus políticas comerciales.
El bloqueo de las negociaciones en la Ronda de Doha ha llevado a las potencias del Norte a iniciar con intensidad y gran éxito la negociación de acuerdos bilaterales con los países del Sur abandonando la multilateralidad de la OMC. Ésto complica más si cabe el seguimiento que desde las organizaciones de las sociedad civil se puede llevar a cabo de las negociaciones. No obstante, todos los TLC siguen logicas similares estableciendo las condiciones ventajosas para que las grandes empresas locales y transnacionales se beneficien de la extracción de recursos. La Unión Europea está negociando con los gobiernos de meso-américa los AdA (Acuerdos de Asociación) que tras un nombre con pretensions holísticas esconde tratados de libre comercio bilaterales al uso. Sucede lo mismo con los EPA (Economic Partnership Agreements) que se estan negociando con países africanos.
La articulación de las críticas al sistema de comercio internacional des de las ONGD
Sin entrar en el debate sobre si el comercio internacional genera o no desarrollo, hay un amplio consenso entre las ONGD sobre el impacto negativo sobre las condicines de vida en el Sur de las dinámicas comerciales del actual sistema. En función de las aproximaciones ideológicas y de las alianzas tejidas, las ONGD se han alineado para ejercer sus críticas hacia los actores públicos que generan el marco normativo de los TLC (instituciones internacionales y estados) y sobre los actores privados (las empresas transnacionales).
La apuesta por los mercados locales y la soberania alimentaria
Desde la Vía Campesina, movimiento que agrupa a millones de campesinos y campesinas de todo el mundo, surge el concepto de la soberanía alimentaria y su puesta en práctica. Para los miembros de la Vía Campesina, el colonialismo primero y el sistema de comercio internacional despues han erosionado hasta su destrucción la capacidad de los pueblos para decidir como organizar sus recursos productivos para alimentarse. El retorno a la soberanía alimentaria pasaría pues por el respeto y el refuerzo de la agricultura campesina familiar, que provee a su entorno más próximo.
Esta perspectiva, nacida del propio campesinado, ha sido adoptada por organizaciones que trabajan la temática del comercio internacional y de la supuesta escasez de alimentos y por organizaciones que promueven otros modelos de consumo. Sin dejar de incidir sobre el funcionamiento de las instituciones internacionales y el rol de los estados ricos del norte en el sistema de intercambios, en su propuesta de consumo crítico y responsable dirigida a la ciudadanía tienen especial relevancia los productos de proximidad y de producción ecológica.
La lucha contra el marco normativo y los actores dominantes
Respecto a la negociación de las condiciones comerciales es oportuno destacar que lo que se considera la primera gran mobilización antiglobalización reunió a más de 700 organizaciones y a casi 60.000 personas para protestar contra el tercer encuentro ministerial de la OMC en noviembre de 1999. La identificación de la OMC como un espacio en el que se decide en contra de los intereses de los pueblos de los países empobrecidos es tan vieja como la propia institución (que data de 1995). De la OMC se ha criticado la falta de transparencia en los procesos de negociació y el hecho que tras una apariencia democrática se esconda una dura arena de negociación con presiones y contrapresiones en la que los países endeudados o dependientes de ayuda para el desarrollo tienen muy poco que decidir.
Organizaciones internacionales con capacidad para desarrollar estrategias de lobby sobre las instituciones y los estados han llevado a cabo campañas y acciones encaminadas a denunciar el actual modelo poniendo especial énfasis en el dobla rasero del llamado “libre comercio”. El punto de incidencia más importante, desde esta perspectiva, es la capacidad de las potencias que dominan el sistema para imponer la desaparición de las medidas proteccionistas en el Sur mientras siguen manteniendo un proteccionismo selectivo a través de la subvención de actividades agrícolas y ganaderas clave para sus economias.
El impulso de modalidades de comercio internacional alternativas
El movimiento internacional con mayor tradición en el planteamiento de unas relaciones comerciales diferentes es el movimiento de Comercio Justo. Promovido por organizaciones de cooperación y productores de países empobrecidos promueve un modelo alternativo basado en una extensa lista de principios (que incluye la democrácia en el seno de las cooperativas de productores, la igualdad entre hombres y mujeres, o el rechazo a la explotación infantil). En general las organizaciones de comercio justo realizan actividad comercial pero también de sensibilización y de denuncia del sistema convencional.
La lucha contra las prácticas de las empresas transnacionales
En lo referente a la crítica y la incidencia sobre los actores privados (las corporaciones tradicionales), varios enfoques se mezclan estableciendo alianzas más o menos estables que han permitido desarrollar investigaciones, acciones de sensibilización e incidencia a través del boycot o de estrategias más elaboradas. Como se ha indicado anteriormente, las ONGD han entrado progresivamente en un terreno antes reservado a los sindicatos, globalizadando la solidaridad con las personas que trabajan en las cadenas de suministro de las grandes empresas. La investigación y divulgación de las situaciones de explotación laboral o de los impactos sociales y medioambientales de la acción empresarial ha constituido la base para la sensibilización, información y movilización de la ciudadanía. Ante el poder comunicativo de las empresas, se hace necesario establecer alianzas estables con sindicatos, grupos organizados de trabajadores y trabajadoras, grupos campesinos, asociaciones de personas afectadas por determinadas industrias, etc, a fin de mantener a la opinión pública informada.
Conclusiones: los retos en Educación para el Desarrollo en materia de comercio internacional
Ante una problemática tan compleja y con esferas de decisión tan lejanas a los ciudadanos y las ciudadanas, ¿cómo plantear estrategias de sensibilización y de mobilización social que permitan una incidencia política sobre los actores del sistema avalada por una cierta masa social? El movimiento de Comercio Justo constituyó el primer intento de plantear las contradicciones y las injusticias del comercio internacional de una forma tangible y presentando una alternativa que, aunque minoritaria, constituye un ejemplo de que existe la posibilidad de establecer otro tipo de relaciones comerciales entre países y comunidades. Me gustaría apuntar que presentar una alternativa viable que no caiga en los mismos problemas que el sistema dominante puede ser harto complejo y en el seno del movimiento de Comercio Justo existen debates importantes respecto a los canales de comercialización a la distribución de la cadena de valor del producto que lejos de estar en vias de solución se estan convirtiendo en un eje de división ideológica difícil de transmitir a la ciudadanía no iniciada en el tema. Por ello, es importante replantear la capacidad de las organizaciones para debatir diferentes posicionamientos sin debilitar los mensajes clave.
Llegar al grueso de la ciudadanía con un discurso contrahegemónico es extremadamente complicado. Plantear dudas sobre la conveniencia del crecimiento del PIB o sobre el comportamiento lesivo respecto a los derechos humanos de las grandes empresas transnacionales no está entre los planes de los grandes medios de comunciación. La espiral de silencio informativo derivada de intereses empresariales y publicitarios dificulta sobremanera que determinadas informaciones aparezcan en los medios de masas. Las nuevas tecnologías abren las puertas a nuevas modalidades de comunicación pero ¿somos capaces de utilizarlos apropiadamente? ¿son aptos estos medios para transmitir mensajes complejos y que generan contradicciones internas al receptor/a? El debate está servido pero los espacios para debatir son aun muy inmaduros.
Cuando conseguimos criticar el comportamiento de empresas transnacionales también nos encontramos con la dificultad de transmitir a la ciudadanía un mensaje que vaya más allá de la denuncia del abuso concreto de una empresa. Generar una reflexión profunda sobre el sistema de relaciones comerciales internacionales y vicularlo con el consumo cotidiano y con nuestra relación con las empresas en calidad de consumidores no es fácil, pero sirva como ejemplo el caso del sistema de Acciones Urgentes de la Campaña Ropa Limpia Internacional: estas acciones se activan cuando un grupo de personas trabajadoras del sur sufre un abuso por parte de sus empleadores, habitualmente relacionado con la represión de los derechos sindicales. La red de la Campaña Ropa Limpia presiona a las empresas internacionales que son clientes de las factorías afectadas para que la situación se corrija y sea monitoreada. En el caso que estas empresas no accedan a corregir la situación o corten súbitamente la relación con su proveedor evitando cualquier responsabilidad, se lanza una campaña pública en la que los consumidores y las consumidoras del norte exigen, a través de correos electrónicos, a la firma internacional una rectificación.
Con este tipo de acciones no se pretende cambiar el sistema de relaciones comerciales pero se consiguen tres efectos nada despreciables. En primer lugar, se apoya a los movimientos de trabajadores y de trabajadoras en zonas donde cada derrota significa un paso atrás en la posibilidad de organizar movimientos sindicales. En segundo lugar, las Acciones Urgentes son el primer contacto de muchas personas con la Campaña Ropa Limpia. Personas que a menudo, después de este primer impacto causado por un caso concreto, siguen vinculadas a la CRL abriendo una vía de comunicación a través de la qual se puede profundizar en el tema más genérico del comercio internacional. Por último, estas acciones permiten obtener pequeñas victorias dentro de un ámbito en el que la ciudadanía ve las posibildades de cambio muy lejos de su capacidad de actuación.
El modelo de acciones electrónicas o de envío de postales para presionar a empresas e instituciones ha sido utilizado por multitud de organizaciones y movimientos. Con lo expuesto hasta aquí, me gustaría destacar que con acciones de este tipo el cambio en las políticas concretas no es el único objetivo. Suponen un primer contacto con las temáticas sobre las que queremos sensibilizar y mobilizar y, para sacar el máximo partido al esfuerzo comunicativo realizado, debemos verlas como el primer paso de una estrategia educativa.
No quiero acabar esta primera intervención sin antes advertir de preocupantes vacíos en la crítica a las incoherencias que se producen dentro de la propia cooperación internacional en lo que a comercio se refiere. Si en estos minutos he expuesto que no todo el comercio internacional es igual a desarrollo o a mejora de las condiciones de vida, es de recibo que cuestione las estrategias de cooperación basadas en la potenciación de modelos empresariales que contribuyan a la destrucción de los mercados locales. Las alianzas entre los tradicionales actores de cooperación y las empresas transnacionales deben ser analizadas, debatidas y evaluadas, pues no son pocas las evidencias empíricas que nos empujan a pensar que dichas alianzas no son más que herramientas de los estados ricos para apoyar la internacionalización de sus empresas.
En el taller de esta tarde desarrollaremos colectivamente y con más detalle experiencias de sensibilización y educación, estrategias de incidencia sobre esferas de decisión públicas y privadas, y modelos de mobilización social relacionadas con el sistema de comercio internacional.
Algunas recomendaciones bibliográficas:
Hernández Zubizarreta, Juan (2009). Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa. Edita Hegoa, Bilbao.
Jawara, Fatoumata & Kwa, Aileen (2005). Tras las bambalinas de la OMC. La cruda realidad del comercio internacional. Itermón Oxfam. Barcelona.
Llistar, David (2009). Anticooperación. Inteferencias Norte-Sur. Los problemas del Sur Global no se resuelven con más ayuda internacional. Icària editorial, Barcelona.
SETEM (2009). El Comercio Justo en España 2008. Canales de importación y distribución. Federación SETEM, Barcelona.
Sogge, David (2004) Dar y tomar. Icària, Barcelona.
Otros recursos:
Blogs:
https://albertsales.wordpress.com
http://collectiurets.wordpress.com
http://noalstlc.wordpress.com
http://www.globalcompactcritics.org
http://www.bilaterals.org
Páginas web:
http://www.ropalimpia.org
http://www.cleanclothes.org
http://www.setem.cat
http://es.maquilasolidarity.org
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