Comercio Justo en el Súper, ¡no gracias!
A mediados de los 50 se abre el primer supermercado en España y en 1973 abre sus puertas el primer hipermercado. Desde entonces el comercio minorista ha experimentado una transformación radical. El incremento del número de establecimientos de formato super o hipermercado y de grandes centros comerciales ha propiciado cambios profundos en las costumbres y hábitos de consumo de los hogares. Mientras que a principios de los 80 las compras de alimentación se realizaban en mercados y tiendas cercanas al hogar, el proceso de implantación de los formatos de distribución moderna ha convertido estos nuevos establecimientos en un polo de atracción para el consumo familiar. En 1995, el 35,5% de las compras de alimentación se realizaban en supermercados, la proporción en 2006 era del 45,4%. Por su parte, la cuota de venta de las tiendas tradicionales ha pasado del 35,6% al 28,8% en el mismo período1. El proceso de sustitución es un hecho.
Desde algunos sectores del movimiento de Comercio Justo (CJ) se ha asumido que ante esta realidad, los productos de CJ deben encontrar un espacio en los lineales de los supermercados a fin de llegar a un mayor número de personas consumidoras y de incrementar las ventas. Si bien es cierto que experiencias como la de las bananas en Holanda o Alemania demuestran que puede ser una vía para incrementar las ventas y con ello los ingresos de los productores de CJ de los países del Sur global, con esta estrategia no se tiene en cuenta que las claves del éxito de este tipo de empresas radican, precisamente, en las prácticas políticas y comerciales contra las que el CJ pretende luchar. Esta perspectiva pone énfasis en la vertiente comercializadora del CJ dejando a parte la vertiente sensibilizadora y de denuncia y olvidando que uno de los objetivos del CJ es demostrar que es posible organizar el mercado de otra forma.
El poder de las empresas de distribución alimentaria moderna reside en la concentración del sector comercial. Mientras el número de locales comerciales destinados a la comercialización al detalle de alimentos y bebidas se ha incrementado en un 7,84% entre 2001 y 2005 en el conjunto del Estado Español, el número de empresas dedicadas a esta actividad ha descendido un 5,71%. La reducción del número de empresas se ha producido entre aquellas más pequeñas: las que ocupaban 4 trabajadores o menos se han reducido en un 8,42% mientras las empresas de más de 4 trabajadores han aumentado en un 53,17%2. El resultado más claro de esta tendencia es que el 38% de los alimentos consumidos en España durante 2006 se compraron en un comercio propiedad de Carrefour, Mercadona o Eroski3 y que la cuota de mercado de los 5 primeros operadores es del 55%. Esta concentración de poder permite a las empresas de distribución imponer su modelo comercial a los productores exigiendo unos precios bajos y producciones intensivas y nada sostenibles. La capacidad de las empresas de distribución alimentaria para imponer sus condiciones se percibe claramente en la política de precios. La presión ejercida por las grandes cadenas para rebajar los precios en origen está afectando la viabilidad económica de muchas explotaciones agrarias. En algunos productos, el precio de venta al público es 11 veces superior al monto que recibe el agricultor y la diferencia media se sitúan en el 390%. Durante el año 2006 el precio en origen de los plátanos producidos en España cayó un 55% y el de los limones un 28% mientras el precio de venta al público apenas registro cambios4. Esta tendencia se ha agravado en 2008 y, según la COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) , los precios de los productos agrícolas y ganaderos en agosto de 2008 están sufriendo unos incrementos medios del 441% entre origen y destino. La situación de los agricultores familiares es cada vez más crítica, y el contexto sólo permite la supervivencia de grandes explotaciones. Mientras los agricultores y ganaderos familiares pasan penurias económicas, los consumidores de todo el mundo asisten a un incremento de los precios de los alimentos que dificulta el acceso a la cesta básica de millones de personas5.
Aún suponiendo que las condiciones impuestas por las empresas de gran distribución a los productores de CJ sean mejores, continuarán propiciando el monocultivo6, la dependencia de los productores respecto de la exportación y la concentración de explotaciones agrarias y tierras de cultivo en pocas manos. Este tipo de CJ no ayuda en absoluta a la resistencia de los mercados locales ni a la diversificación de cultivos imprescindible para garantizar la soberanía alimentaria7. La definición de este sistema de distribución y su configuración oligopólica tan sólo permiten la existencia de los productos de CJ de forma anecdótica. El grueso del beneficio de las grandes cadenas viene de la capacidad que han tenido de erigirse como única puerta de entrada de las personas consumidoras al mercado agroalimentario8. En la medida en que los supuestos productos alternativos también se puedan encontrar en el supermercado la capacidad de supervivencia de otras formas de comercialización se irá reduciendo. Se ha argumentado que el supermercado es una vía para acercar los productos de comercio justo a la gran masa de personas consumidoras. Este argumento tiene otra lectura muy preocupante: “si hasta el comercio justo se puede encontrar en el supermercado, ¿para qué ir a otro tipo de tienda?”.
Aunque llegáramos a justificar la presencia de los productos de comercio justo en los supermercados a través de la mejora de las condiciones de vida de algunos grupos productores de países del Sur global, no podríamos olvidar que estos productos conviven con un sistema depredador e insostenible que está arruinando al resto de productores del Sur y del Norte y al comercio tradicional limitando las vías que los consumidores tienen para acceso al mercado.
Ante esta situación, sólo podemos concluir que el movimiento de comercio justo debe implicarse en la creación de espacios de comercialización alternativos basados en una cadena transparente, con el menor número de intermediarios posible y que facilite la diversidad de modos de producción y de modos de consumo, y reiterar que el CJ debe ser una herramienta de comercialización pero también de denuncia y sensibilización. Estos dos últimos elementos difícilmente los encontraremos en los lineales de un hipermercado.
Albert Sales i Campos
Campanya Grans Cadenes de Distribució, No gracies!
1Información Comercial Española (2007), Boletín económico del ICE. El empleo en el sector de la distribución comercial, Información Comercial Española, Secretaría de Estado de Turismo y Comecio, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, capt 6 pág 140
2Encuesta anual de comercio 2005. Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es.
3Información Comercial Española (2007), Boletín económico del ICE. Estructura del sector de la distribución comercial, Información Comercial Española, Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, capítulo 2, pp. 59-73.
4COAG (2007), El poder de las grandes superficies en la cadena agroalimentaria. Disponible en http://supermercatsnogracies.files.wordpress.com/2008/02/070312_informe_coag_grandes_superficies.pdf a 6 de agosto de 2008.
5Albert Sales (2008), ¿Quién es responsable de la crisis alimentaria?. Disponible a www.sinpermiso.info a 30 de juliol de 2008.
6No es el tema que nos ocupa exponer aquí los daños que causa el monocultivo a la soberanía alimentaria y a las estructuras sociales y económicas locales en todo el mundo pero sugerimos a las personas interesadas la lectura de Raj Patel (2008), Obesos y Famélicos.
7En la mayoria de los casos, la implantación de los monocultivos responde a las exigencias de materias primas de las potencias coloniales.
8 Las grandes superficies están incrementando cada vez más rápidamente su cuota de mercado en otros sectores como el textil o la electrónica.
El lliure comerç al servei del glamour
Tot i que la indústria de la moda i de la confecció ha estat pionera en la deslocalització de la producció, les importacions i exportacions de roba no han estat regides per les normes del lliure mercat fins l’1 de gener de 2005, moment en el que finalitza “l’Acord Multifibres” (AMF). Aquest acord va ser establert el 1974 per regular el comerç internacional de tèxtils i de productes de la confecció. L’AMF permetia als EEUU, la UE i Canadà, establir quotes a la importació d’aquests productes i limitar l’accés al seu mercat intern de manera selectiva. Durant la vigència de l’AMF es van establir quotes a 73 països, majoritàriament Asiàtics, amb la finalitat inicial de protegir les indústries tèxtils del Nord. La por a la forta competència dels mercats asiàtics va provocar una major globalització del sector, doncs les empreses transnacionals van establir els seus centre de producció a zones d’Amèrica Llatina i Àfrica que no patien l’efecte de les quotes i que podien oferir condicions similars a les del mercat laboral Asiàtic: mà d’obra abundant i barata, drets sindicals limitats, i pobresa suficient per imposar unes condicions laborals draconianes sense massa protestes. Des de finals dels anys 80, organitzacions internacionals com la Campanya Roba Neta (Clean Clothes Campaign) o la Xarxa de Solidaritat de la Maquila (Maquila Solidarity Network) denuncien la condicions en que viuen i treballen les obreres de la indústria de la confecció com a conseqüència de les pràctiques comercials de les grans firmes de moda. Puntes de feina amb jornades de 14 hores sense descans setmanal, hores extres obligatòries i no retribuïdes, salaris que no arriben als mínims legals ni als mínims de supervivència o subcontractació de treball domèstic sense cap tipus de protecció social, són situacions que podem trobar documentades a les seves pàgines web i que es produeixen en factories que confeccionen roba per grans marques europees i nord-americanes.
Amb l’entrada en vigor de l’Acord sobre Tèxtils i Vestits de la OMC el 1995 s’inicia una eliminació progressiva de les quotes en quatre etapes que finalitzaren el darrer dia de 2004. La desaparició de les quotes significa una reconversió del sector a tot el món amb la mirada posada a Àsia i, sobretot, a Xina. No deixa de ser curiós que el Nord global accedeixi a finalitzar la política de quotes en el sector tèxtil amb l’argument de que el lliure mercat acaba beneficiant a tothom, i que paral·lelament, el text de l’acord reservi el el dret a imposar restriccions en les importacions Xineses si aquestes provoquen “distorsions en el mercat”. Les salvaguardes imposades per EEUU i la UE serviran per controlar els fluxos comercials amb la Xina fins el 2017, però no són les úniques eines que els països rics es reserven per modular el mercat al servei dels seus interessos (o millor dit, dels interessos de les empreses transnacionals). Els tractats de lliure comerç com el CAFTA (Tractat de Lliure Comerç entre EEUU i Amèrica Central) o l’Acord d’Associació que en aquests moments està negociant la UE amb els països de Mesoamèrica, estableixen normes d’origen sobre el fil,la fibra o el teixit que permeten mantenir aranzels a molts dels productes tèxtils provinents de països signataris. Gravar els insums necessaris per a la producció de roba amb aranzels a través de les normes d’origen beneficia la concentració empresarial i la integració vertical de la indústria. Els països especialitzats únicament en “ensamblar”els retalls per convertir-los en peces de roba, es trobaran que, malgrat els tractats de lliure comerç signats, estan obligats a pagar aranzels degut a que el fil o el teixit provenen de tercers països. Això no vol dir necessàriament que les empreses del sector deixin de treballar en aquestes zones, la competitivitat es podrà mantenir a costa de la reducció dels costos laborals i, per tant, a càrrec de les treballadores i els treballadors.
La majoria d’acords bilaterals són fruit de la desigualtat que regeix les negociacions i dels interessos divergents entre les elits i la classe treballadora dels països signants. Aquestes desigualtats no es deriven només de les diferències econòmiques entre les parts signants. Les implicacions jurídiques dels tractats no són les mateixes per als EEUU i la UE que per molts països asiàtics i d’Amèrica Llatina. Els països industrialitzats doten les seves constitucions de superioritat jurídica sobre els Tractats de Lliure Comerç. Els textos legals subordinen la validesa dels Acords Comercials a la seva compatibilitat amb la Constitució. En altres països però, els tractats internacionals tenen, des de que són aprovats per l’Assemblea Legislativa, un rang superior a les lleis nacionals. Els tractats bilaterals de lliure comerç estan sent utilitzats per part de les potències industrialitzades per superar els impediments amb que topen en el sí de l’Organització Mundial del Comerç on les darreres rondes de negociació han estat bloquejades per l’acció col·lectiva dels estats tradicionalment perdedors. Quan el multilateralisme falla, els poderosos opten per trencar les resistències de manera individualitzada. Si l’OMC ja es caracteritza per l’opacitat amb la que actua i el seu dèficit democràtic, les tractats de lliure comerç queden totalment al marge dels espais de decisió democràtics.
La fi de l’Acord Multifibres ja està significant un increment dels costos humans que recauen sobre les treballadores i treballadors del sector tèxtil des d’abans de 2005. Si amb la competència limitada per les quotes, els mercats laborals dels països explotats es veien abocats a una cursa cap a la precarietat, la finalització de l’AMF intensifica aquesta cursa. Els mercats laborals d’Amèrica Central i del nord d’Àfrica només mantenen l’avantatge que suposa la seva proximitat geogràfica a les potències del centre del sistema, però això no serà suficient per retenir els inversors i les fàbriques. De fet, moltes de les empreses que operen al sector de la confecció a Mesoamèrica són de capital asiàtic i van arribar al continent americà per esquivar l’AMF. Amb la mateixa agilitat amb la que van arribar tornaran a marxar si poden trobar a Àsia situacions més favorables. Davant l’amenaça d’un nou procés de deslocalitzacions, els empresaris i inversors estan pressionant als governs per a que s’adaptin al nou context. A les Filipines i a El Salvador, per exemple, estan demanant que el sector de la confecció quedi al marge de l’obligació de pagar el salari mínim. A Bangladesh, s’està plantejant augmentar el límit legal en el nombre d’hores extres i desregular el treball nocturn de les dones.
El sector tèxtil és un clar exemple de com les potències del Nord adapten les normes en benefici de les empreses transnacionals. Quan es va signar l’Acord Multifibres, al 1974, les firmes de moda europees i nord-americanes localitzaven la seva producció en els seus països d’origen i exigien la continuïtat de la protecció aranzelària per mantenir la seva competitivitat davant les indústries emergents. L’AMF va constituir un bon marc per deslocalitzar la producció a països amb mà d’obra abundant, barata i, a poder ser, reprimida en les seves llibertats civils. Mèxic i Amèrica Central es van convertir en la factoria d’empreses com Nike, Tommy Hilghfiger o The Gap, per abastir el mercat nord-americà. Marroc, Turquia, Lesotho, entre d’altres, eren els proveïdors per l’Europa Occidental de roba amb etiquetes tan conegudes com Zara, H&M o Benetton. Paral·lelament, aquestes firmes van expandir també l’àmbit de les seves vendes amb un gran creixement dels seus beneficis econòmics i una contribució a la homogeneïtzació cultural espectacular. El grup Inditex, propietari de marques com Zara, Bershka i Pull and Bear es vanaglòria d’haver obert una botiga diària en els darrers anys. Un cop conquerits els mercats i lliures de la pressió de les legislacions laborals europees, el terreny està lliure per exigir noves dosis de “lliure mercat”.
Albert Sales
(Es permet la reproducció citant-ne la font)
